Para hacer frente a la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, se deben contemplar respuestas decisivas, adecuadas y efectivas de los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno. Particularmente, para revertir las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afecta a miles de personas, el Senado de la República tendrá la importante labor de desplegar su mayor esfuerzo en el marco de sus competencias para promover, proteger y garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.

Habrá de igual forma de promover garantías de no repetición y adoptar políticas adecuadas y efectivas para reparar a las miles de víctimas de los crímenes atroces cometidos en los últimos años, particularmente los perpetrados por servidores públicos en el contexto de la guerra contra las drogas, así como aquellos cometidos en el contexto de la política de seguridad contra la delincuencia organizada. Aunado a lo anterior, se deberán adecuar o establecer marcos normativos apropiados para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, referidos en el artículo 1º constitucional.