El arraigo es una forma de detención prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empleada en una investigación penal para obtener información de una persona sin que ésta se encuentre acusada de haber cometido algún delito; es decir, con la participación de dos poderes del Estado se mantiene a una persona privada de libertad por un periodo prolongado de 40 hasta 80 días. La finalidad del arraigo es detener a la persona “sospechosa” a fin de investigar si es que cometió un delito, cuando la autoridad responsable de la investigación no cuenta con elementos suficientes para presuponer la responsabilidad ni la relación que ésta pueda tener con el crimen que se busca esclarecer que amerite la aplicación de la figura de la prisión preventiva.

El arraigo fue introducido en el derecho penal mexicano mediante la reforma del 27 de diciembre de 1983 al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP). En ese esquema, el arraigo permitía una libertad condicionada para delitos imprudenciales, es decir, bajo su variante domiciliaria como una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Dentro de estas disposiciones se incluía, además, el procedimiento necesario para solicitar el arraigo, dejando claro que la medida establecía una restricción al tránsito de la persona que ameritaba la vigilancia permanente de una autoridad policiaca.