El hallazgo de fosas clandestinas en México se ha convertido en un hecho recurrente durante los últimos diez años, dentro de un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho del país.
La aparición de una o diversas fosas clandestinas representa en sí misma, una práctica donde se materializan diversos delitos y violaciones hacia las personas que han sido inhumadas de manera clandestina, empezando claramente por el derecho a la vida. Su posible relación con violaciones graves a los derechos humanos y otros derechos tanto individuales como colectivos que se ven comprometidos, muestra la importancia que adquiere comprender este fenómeno desde diversos ángulos.
Con ello en mente, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. emprendieron en el año 2015 la tarea de realizar una investigación con el objetivo de conocer un poco más sobre la magnitud del problema, así como sus implicaciones en términos sociales, que parece estar cada vez más presente en la opinión pública.
Para lograrlo, se fijó la meta de generar una base de datos y un mapeo de las fosas clandestinas reportadas por los medios de comunicación entre los años 2007 a 2014, para luego contrastar la información con los datos oficiales conseguidos a través de los mecanismos de transparencia.
La relevancia de esta investigación recae en señalar que el hallazgo de fosas clandestinas refleja, por un lado, los distintos patrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país y, por otro, la poca capacidad institucional y voluntad política de los distintos niveles de gobierno para encontrar, registrar e identificar los cuerpos de las personas cuyos derechos fueron absolutamente negados.
Detrás de cada fosa clandestina están las historias de víctimas directas e indirectas afectadas a causa de la violencia generada por distintos agentes estatales y no estatales a lo largo de estos últimos diez años. Señalar la magnitud de este problema es un paso más para conocer mejor la compleja realidad en laque estamos inmersos; generar información sobre el contexto que facilite el acceso a la justicia y la reducción de la impunidad a través de la determinación de responsabilidades; producir insumos para el diseño de políticas de prevención; contribuir al acceso a la verdad, y crear nuevas formas de memoria con miras a la no repetición de los actos atroces involucrados en la inhumación clandestina.
Las y los lectores encontrarán un apartado sobre la metodología adoptada para la obtención y el tratamiento de las fuentes de información usadas para el análisis, así como los alcances y límites de la investigación realizada. Otro apartado contendrá los resultados del análisis de dichas fuentes sobre las fo- sas clandestinas registradas y reportadas en el territorio nacional en un periodo determinado. En este último se señalan los datos con que se cuenta respecto a la aparición de fosas clandestinas; detallando cómo ha evolucionado esta problemática a nivel nacional, los picos de violencia observables, los estados que concentran la mayor cantidad de fosas, cuerpos y/o restos, y cómo se comparan estos datos con las cifras oficiales disponibles.
Una vez reportados los resultados del análisis cuantitativo y el contraste de cifras, la segunda sección del documento aborda el tema de las fosas clandestinas desde dos enfoques distintos, con el objetivo de comprender las implicaciones de esta forma de violencia en el país. Primero se presenta una sección que resume brevemente la discusión que tuvo lugar en un seminario organizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde se delinearon algunos ejes que puedan servir como una propuesta para comprender el problema de fosas clandestinas desde diversas disciplinas académicas. En el siguiente apartado se detalla cómo el hallazgo de fosas clandestinas se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, y desaparición forzada–, teniendo en cuenta que diversos órganos internacionales ya han mostrado su preocupación sobre estas prácticas en el país.
