Este informe pone de manifiesto la manera en que el proceso de militarización que comenzó en 2006 se ha profundizado, no sólo al abarcar cada vez más territorios, actividades y áreas de la vida pública que deberían ser civiles, sino a través de una interiorización por medio de la imposición de la presencia militar y las narrativas que desde el poder político se han difundido para justificarla.
El saldo es claro: en estos más de quince años de guerra se acumularon y se siguen acumulando miles de víctimas de la violencia y de violaciones graves a derechos humanos, porque una estrategia castrense no da como resultado seguridad, sino que se traduce, como lo muestra la evidencia, en ataques sistemáticos a las poblaciones, especialmente contra las personas más vulnerables, estigmatizándolas y culpándolas de su suerte, “en algo se habrán metido”.
Los datos muestran que los patrones de conducta que derivan en crímenes internacionales permanecen a lo largo del tiempo y a través de las tres administraciones federales que han perpetuado esta estrategia fallida: FCH, EPN y AMLO.
