Ciudad de México, 13 de febrero del 2023. El 15 de enero de 2023, un defensor de derechos humanos de la Huasteca Potosina –y reconocido líder social– fue asesinado tras estar secuestrado por más de una semana. A pesar de haber reportado su situación de riesgo en un momento en el que todavía era posible prevenir el irreparable daño, las necesidades del defensor no fueron atendidas por las autoridades en el plano nacional. A nivel internacional, las acciones emprendidas para obtener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también resultaron infructuosas.
Como represalia por sus actividades de defensa de derechos humanos, en mayo de 2021, el titular de la Secretaría de Marina señaló falsamente al citado defensor como integrante de un grupo de la delincuencia organizada, lo cual lo puso a él y a miembros de su familia –quienes también son defensores de derechos humanos– en una situación de enorme riesgo. Frente a estos hechos, las y los defensores recibieron amenazas de muerte y hostigamientos incesantes. En consecuencia, acudieron a solicitar medidas de seguridad adicionales al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Mecanismo de Protección), del que ya recibían medidas de protección por tener un historial de represión y hostigamiento estatal que incluye torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos y fabricación de culpables. Lamentamos el extremadamente deficiente trabajo realizado por el Mecanismo de Protección, cuya Junta de Gobierno aprobó por unanimidad una evaluación de riesgo en la que no se respetaron estándares de debida diligencia. La decisión del Mecanismo de Protección tuvo como consecuencia lo siguiente:
1) desestimar la solicitud de medidas de protección adicionales,
2) retirar las medidas de protección que ya tenían los defensores, y
3) desincorporar a las y los defensores del Mecanismo de Protección.
Frente a ello, los defensores presentaron un juicio de amparo contra la decisión del Mecanismo de Protección. En un primer momento, un Juzgado de Distrito negó la suspensión de plano; sin embargo, un Tribunal Colegiado la concedió y ordenó al Mecanismo de Protección mantener las medidas de protección pues los defensores estaban en riesgo de perder la vida. Eventualmente, el Juzgado de Distrito amparó y protegió a los defensores; pero, desafortunadamente, la sentencia fue recurrida por el Mecanismo de Protección, bajo el argumento de que los defensores no merecen ser protegidos por el Estado pues los recursos financieros gubernamentales deben ser destinados solo a personas que realmente lo merezcan.
Además de ello, en junio de 2021, los defensores –acompañados por la CMDPDH– presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH; desafortunadamente, a más de un año y medio de la presentación de la solicitud, esta no ha sido resuelta.
Durante el trámite de la solicitud de medidas cautelares, la CMDPDH informó a la CIDH sobre distintos eventos de riesgo sufridos por los defensores, entre los que se incluyen una persecución armada en carretera, incendio de sus propiedades, lanzamiento de granadas de fragmentación a sus domicilios, disparo de armas de fuego de alto calibre, secuestros, amenazas de muerte, etc. La CMDPDH también puso en conocimiento de la CIDH que uno de los defensores de derechos humanos había sido secuestrado, urgiendo que se emitiera la medida cautelar.
Desafortunadamente, el Estado no tomó acción, a pesar de que la CIDH le transmitió tres solicitudes de información en donde se les hizo saber la situación de riesgo de los defensores. De igual forma, la CIDH no se pronunció sobre el otorgamiento de las medidas solicitadas, y el defensor fue asesinado en la madrugada del 15 de enero, en un contexto en el que su cuerpo fue arrojado a la orilla de una carretera con señales de estrangulamiento.
Hoy, la familia del defensor sigue en riesgo y ha recibido mensajes puntuales con amenazas de muerte. Ante ello, las y los defensores tuvieron que desplazarse forzadamente, dejando sus pertenencias y vidas atrás, al tiempo que atraviesan un gran duelo por la muerte del defensor.
Las autoridades tienen una enorme deuda con la familia de los defensores, y deben actuar con urgencia para evitar que se produzca otro daño irreparable. En ese sentido:
- Exigimos al Mecanismo de Protección abstenerse de continuar litigando agresivamente contra los defensores y atender a sus solicitudes de protección en el actual contexto de desplazamiento forzado y amenazas de muerte.
- Hacemos un llamado enérgico a la CIDH para que adopte de inmediato la Medida Cautelar MC-492-21.
Para la familia del querido defensor, enviamos nuestras más sentidas condolencias y compartimos su dolor, frustración y rabia por vivir en un país en el que se continúa persiguiendo y asesinando a personas defensoras, bajo la inacción criminal del Estado mexicano y su desprecio por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Contacto de prensa
Eva Patricia Avilés Gómez
