En el marco del 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Lucía Chávez, Directora Ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Michel Mazur, Oficial Senior de Incidencia Internacional e Investigación de la CMDPDH, acompañan a Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, Policía Federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009 en cumplimiento de su deber, en Zitácuaro, Michoacán, México; y a Grace Fernández, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en el norte de México en 2008 por elementos militares, en el marco de la mal llamada «guerra contra el narcotráfico».
Durante la visita a Ginebra, la comitiva ha participado en los debates generales del Consejo de Derechos Humanos y ha mantenido reuniones públicas y privadas con distintos mecanismos del sistema universal de derechos humanos, a saber, miembros de procedimientos especiales y órganos de tratado.
El día de hoy, tuvo lugar en el Palacio de las Naciones Unidas un evento paralelo para compartir experiencias y dar a conocer las consecuencias desastrosas que han tenido en los derechos humanos la militarización y la política de drogas en países como México, Brasil y Filipinas. El evento fue convocado por la CMDPDH y organizaciones no gubernamentales de Brasil y Filipinas, y contó con la participación de víctimas y la asistencia de representantes diplomáticos.
Igualmente, el evento tuvo la presencia de Zaved Mahmood, Asesor de Derechos Humanos y Política de Drogas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien aseguró que la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra los civiles. En este sentido, el mensaje ha sido claro y contundente: múltiples casos de violaciones graves a los derechos humanos en México han sido facilitados por una estrategia de seguridad que apuesta por la militarización de las fuerzas del órden y por una estrategia bélica, que han incrementado la violencia e incitado una serie de crímenes internacionales cometidos en total impunidad.
Por ejemplo, en México hay más de 111 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar en diferentes servicios médicos forenses y repositorios forenses a nivel nacional. Frente a este grave escenario, las familias de personas desaparecidas han asumido las labores de búsqueda, con los riesgos que esto implica (como agresiones, represalias e intimidación por grupos criminales y autoridades).
Si bien el Estado mexicano en algunas ocasiones ha verbalizado su compromiso y voluntad de colaborar para el acceso a la justicia y reparación de las víctimas, las pocas sanciones que se dan en el contexto de la comisión de crímenes internacionales como la desaparición forzada, asesinatos, detenciones y tortura, se han aplicado sólo a personas con cargos bajos. Además, no se investiga a la cadena de mando, a pesar de haber evidencia de la sistematicidad y generalidad en varios de los crímenes que se cometen.
Desde finales de 2006 México vive el diario horror de los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, y desplazamientos internos forzados. Ello, en un contexto en el que grupos armados organizados con gran poder de fuego operan en distintos estados del país y los mecanismos de combate al crimen han demostrado corrupción e ineficacia en su actuar.
Por ello, durante el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ante la falta de voluntad y capacidad del Estado para realizar acciones concretas encaminadas a erradicar la violencia, impunidad y corrupción, hemos pedido reiteradamente a ese Consejo la creación de un mecanismo independiente de determinación de hechos en México, capaz de dar seguimiento y supervisión internacionales a las acciones del Estado.
Contacto de prensa
Eva Avilés Gómez
comunicacion1@cmdpdh.org
5527081973
