México, D.F., 18 de junio de 2014.- En la mañana del 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron detenidos por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) cuando se encontraban en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California. Al mismo tiempo, Ramiro López Vázquez, quien se encontraba en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carretera libre de Tijuana-Rosarito, fue interceptado por un convoy del cual bajaron varios sujetos acusándolo de ser halcón del crimen organizado, para posteriormente detenerlo de manera violenta y sin presentar ningún tipo de orden.

Los 4 detenidos fueron trasladados en vehículos no oficiales a dos casas particulares, donde fueron reiteradamente torturados física y psicológicamente por los agentes, siendo amenazados de muerte si no se declaraban culpables de haber cometido un secuestro. Finalmente, fueron llevados a las instalaciones de la Segunda Zona Militar, al denominado “Cuartel Morelos”, donde continuaron siendo objeto de agresiones. Más tarde fueron presentados ante los medios de comunicación como una “banda de secuestradores”, siendo fotografiados con armas de diversos calibres, supuestamente encontradas bajo su poder, y acusados de múltiples delitos sin fundamento alguno.
 
Mientras permanecieron en arraigo en las instalaciones militares –del 16 al 20 de junio- permanecieron incomunicados y fueron obligados a firmar declaraciones auto-inculpatorias ante el Ministerio Público. Posteriormente, fueron trasladados al 28vo Batallón de Infantería de la SEDENA, denominado “Aguaje de la Tuna”, en la ciudad de Tijuana, en este lugar continuó el arraigo hasta el 31 de julio. El 31 de julio de 2009, Ramiro, Rodrigo, Orlando y Ramiro fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Numero Cuatro “Noroeste”, en Tepic, Nayarit, donde se encuentran actualmente bajo proceso. El auto de formal prisión no sólo tomó como prueba determinante las declaraciones de las víctimas obtenidas bajo tortura, sino que ha excluido deliberadamente las pruebas que demuestran la inocencia de los 4 inculpados.
 

Desde el inicio del proceso, los familiares de los 4 civiles acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en busca de ayuda, sin embargo, a la fecha la CNDH no ha emitido una recomendación para el caso, evadiendo a las víctimas, negándose a hablar con sus representantes y limitando al máximo el acceso a documentación que podría ser relevante para la investigación penal. Ejemplo de lo anterior es que el día 1 de agosto de 2013 el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales solicitó directamente a la CNDH copias de los Protocolos de Estambul practicados a las víctimas, sin embargo, y a pesar de las múltiples solicitudes de la familia y de sus representantes, la CNDH se ha negado a proveer esta información argumentando que mientras no haya una resolución del caso –que lleva ya más de 5 años de “estudio”- el contenido de su expediente se encuentra bajo reserva por razones de “confidencialidad”.

 
Frente a estos graves hechos violatorios a los derechos humanos de los 4 civiles, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) presentaron el 15 de marzo de 2012 una comunicación individual del caso ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la primera comunicación individual que se presenta ante este Comité y cuya resolución se encuentra en la etapa de análisis de la admisibilidad y fondo del caso.

 
A más de 5 años de haber sucedido los hechos, los 4 civiles de Rosarito permanecen presos bajo la figura de prisión preventiva, ya que aún no existe una sentencia condenatoria en su contra; las secuelas de la tortura, a su vez, permanecen presentes en las víctimas, y se han agudizado por la negación de las autoridades del penal de brindarles una atención médica adecuada.  Orlando Santaolaya, por ejemplo, aún tiene dislocada la mandíbula producto de los golpes, Rodrigo Ramírez tiene una lesión en la columna vertebral y Ramiro López presenta la pérdida de audición de un oído y riesgo de perder el otro a causa de los golpes recibidos en la cabeza.

 
A pesar de los obstáculos para que los 4 civiles de Rosarito cuenten con un debido proceso penal y la reiterada denegación de la CNDH para recomendar en un caso que lleva más de 5 años en investigación, las familias de Ramiro, Rodrigo, Orlando y Ramiro, con el apoyo de sus abogados y el acompañamiento de la CMDPDH, la CCDH y la OMCT, continuaremos denunciando al Estado mexicano por sus fallas en el presente caso, las violaciones a derechos humanos a las que han sido expuestas las víctimas y sus familiares. El caso de los 4 civiles en Rosarito ejemplifica la impunidad con que las fuerzas militares cometen y han cometido delitos con el fin de justificar una estrategia de seguridad que no ha hecho más que aumentar la violencia en nuestro país.

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