• En México, la tortura y la desaparición forzada se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
• Recientes comunicaciones enviadas a la Fiscalía de la CPI documentan alarmantes cifras de tortura y desaparición forzada en el país, cometidas por agentes del Estado o por miembros del crímen organizado actuando en colusión con las autoridades.
• Ante la falta de voluntad y capacidad del Estado para investigar y enjuiciar estos crímenes, la intervención de un tribunal penal internacional como la CPI podría brindar justicia y reparación a las víctimas.

Ciudad de México, a 13 de enero de 2022. El día de hoy, el evento virtual Tortura y desaparición forzada en México como crímenes de lesa humanidad evidenció la naturaleza sistemática y generalizada con la que se cometen crímenes internacionales en México al amparo de la impunidad. Este foro, coorganizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), tuvo como objetivo dialogar con personas expertas sobre la comisión persistente de crímenes de lesa humanidad en México, la posición del Gobierno en torno a la casi absoluta impunidad, así como la urgencia de que estos crímenes sean investigados y enjuiciados por un tribunal internacional como la CPI.

Al inicio del evento, Graciela Rodríguez, Directora Ejecutiva de la CMDPDH, dio a conocer la comunicación que presentaron la CMDPDH y la FIDH a la Fiscalía de la CPl sobre la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018. Esta comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 entidades federativas durante la llamada “Guerra contra las drogas”. Además, proporciona elementos para acreditar la  responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la SEDENA, quienes son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad y son competencia de la CPI.

Como segunda intervención, el evento contó con la destacada participación de Tania Reneaum, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien expuso una mirada general y técnica sobre la naturaleza internacional de la prohibición de la tortura como violación a derechos humanos y como crímen internacional. Su participación hizo referencia a los elementos de este crímen cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, así como las consecuencias para los Estados y los perpetradores de la tortura. La Secretaria Ejecutiva subrayó que la determinación de un acto como crímen de lesa humanidad puede ser muestra del fracaso de las estrategias de protección de los derechos humanos y, generalmente, pone de relieve los niveles de impunidad que aquejan a una sociedad. 

En cuanto al crímen de desaparición forzada de personas, Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, presentó la comunicación que la FIDH e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI sobre la Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad. Este informe documenta el hallazgo, entre junio de 2017 y mayo de 2020, de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en Nayarit. A raíz de esta información, se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI y que fueron cometidos mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit. 

Por último, el Senador Emilio Álvarez Icaza subrayó la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, a fin de alcanzar la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales como la tortura y la desaparición forzada. En este sentido, ante la ineficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia y la casi absoluta impunidad, se ha visto como última opción acudir a la justicia internacional para reparar a las víctimas.  Por último, el Senador hizo eco de las preocupaciones que expresó el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su reciente visita a México e hizo una breve presentación de la iniciativa que, como Senador de la República, se encuentra elaborando en materia de Cooperación con la CPI.

Las organizaciones coconvocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Asimismo, reconocemos que es fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia.

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Eva Patricia Avilés Gómez

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