La impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos. En México, la impunidad se debe en gran medida a que las víctimas no denuncian los delitos, ya que no confían en las instituciones por considerar que actúan de forma negligente, o bien porque consideran que es una pérdida de tiempo acudir a la justicia.
En 14 años de guerra contra las drogas, los resultados han sido miles de víctimas de crímenes graves, el aumento de la violencia y que las atrocidades que se cometen en el país, no tienen ningún tipo de castigo. Ello empeora cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
En las procuradurías del país, se han abierto 15,848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura desde diciembre de 2006, sin embargo solamente se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991 por ese delito.
La tasa de homicidios violentos en el país ha ido en aumento. Desde diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 200,000 personas de manera violenta. De ellas, al menos 270 personas han sido privadas arbitrariamente de la vida por las fuerzas de seguridad. Solamente se tiene conocimiento de 38 sentencias condenatorias en contra de servidores públicos por homicidio doloso.
Han sido desaparecidas de manera forzada más de 35,000 personas en los últimos años, a lo que habría que agregar a las más de setecientas personas desparecidas en el curso de la guerra sucia en los años 70 y 80 por las fuerzas de seguridad. Se sabe que el poder Judicial Federal solamente ha emitido 9 sentencias por ese delito.
Es momento de poner fin a la impunidad en México
ACCIONES ANTI IMPUNIDAD
Para combatir la grave crisis de impunidad que enfrenta nuestro país requerimos una serie de medidas que nos ayuden a fortalecer las instituciones para que investiguen correctamente los delitos relacionados con violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos cometidas en el contexto de la política de seguridad vigente, así como los de corrupción. Con ello se podrán llevar ante la justicia a las personas responsables de cometerlos, así como a los superiores que ordenaron, participaron o permitieron que se cometieron esos crímenes. Al menos son cinco medidas que impulsamos.
Para que los abusos militares cesen y se castiguen se requiere de un cambio de modelo de seguridad basado en el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Ello implica que las funciones de prevenir e investigar los delitos las desempeñen exclusivamente autoridades civiles, para lo cual se requiere además el fortalecimiento de las policías.
#SeguridadSinGuerra
www.seguridadsinguerra.org
México necesita una fiscalía general autónoma capaz de investigar de manera eficaz e independiente los delitos. La fiscalía debe contar con el personal capacitado y presupuesto suficiente, así como areas especializadas en la investigación de crímenes atroces y delitos de corrupción.
#FiscalíaQueSirva
MECANISMO INTERNACIONAL DE JUSTICIA
Ante la falta de capacidad de las procuradurías del país para investigar a los responsables de haber cometido graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad vigente (guerra contra las drogas), así como delitos de corrupción, México necesita crear un órgano internacional contra la impunidad independiente. Mediante el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas se requiere establecer un mecanismo que fortalezca las capacidades de investigación de las procuradurías del país para llevar a juicio a los más altos responsables de dichos delitos.
COMISIÓN DE LA VERDAD
La verdadera dimensión de los crímenes que se han cometido en México desde 2006 desde la perspectiva de las personas víctimas e incluso de los perpetradores, no se conoce. Por ello, México necesita una comisión de la verdad para que a partir del testiminios de las personas afectadas se conozca la verdad de lo ocurrido y de ello aprendamos a que no se vuelva a repetir.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
Ante la falta de capacidad y voluntad de las procuradurías o fiscalías del país para llevar a juicio a los más altos funcionarios del Gobierno y los jefes de las organizaciones criminales, por las torturas, desapariciones, asesinatos y desapariciones forzadas, se requiere que la Corte Penal Internacional aperture una investigación sobre México.