Caso de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, Estado de México.
Para los integrantes del pueblo Ñhatö (tanto de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, como de otras de la zona del Valle de México) el paso de la carretera implica el desmembramiento del “Divino Rostro”, así como la afectación a cultivos de subsistencia, el corte de venas de agua, y la imposibilidad de acudir al bosque como elemento necesario para la reproducción social y cultural de la zona.
El pueblo Otomí se encuentra distribuido en diferentes comunidades en el Estado de México y han permanecido en dicho territorio milenariamente, generando relaciones económicas, sociales, culturales y simbólicas con el territorio.
En especial, a través del tiempo, han mantenido la práctica religiosa de veneración y ofrenda al circuito de cerros de la zona, conocido por los habitantes de la zona como el “Divino Rostro”. Así, diferentes grupos de las comunidades del Valle de México, pertenecientes a dicho pueblo, han recorrido en peregrinación el territorio, principalmente el bosque conocido como “Otomí-Mexica” desde tiempos inmemoriales, dejando ofrendas en diferentes puntos sagrados dispersos en el bosque y en otras comunidades para pedir por una buena cosecha, así como la salud y el bienestar de las personas.
A finales del año 2007 habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla observaron personas ajenas a la comunidad haciendo diferentes estudios y abriendo una brecha, lo que involucró la tala de miles de árboles del Bosque. Al cuestionar a las autoridades tradicionales, quienes también son autoridades civiles (Delegados municipales) y agrarias (Comisariado de Bienes Comunales), tuvieron conocimiento el propósito de la brecha, es decir, el paso de la autopista de cuota por el territorio. Las autoridades mencionadas únicamente recibieron un oficio en el que se les notificaba sobre la realización de estudios.
Al tener conocimiento sobre el proyecto, la comunidad realizó asambleas con base en sus usos y costumbres en las cuales discutieron colectivamente las implicaciones del proyecto, tomando una y otra vez la determinación de rechazarlo.
Ante la repetida negativa comunitaria, el Estado Mexicano impulsó la creación del padrón de comuneros, hasta el 2008 inexistente e innecesario para resolver las necesidades comunitarias, lo que tuvo como resultado la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la comunidad de la toma de decisiones[1]. Es decir, el Estado Mexicano utilizó la Ley Agraria y la creación del padrón de comuneros con el objetivo de obtener la autorización para el proyecto, en contra de la voluntad comunitaria. A pesar de existir un conflicto en la zona, la construcción de la obra comenzó en el año de 2009.
[1] La comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción está conformado por alrededor de 8 mil personas, mientras que el padrón de comuneros reconoció únicamente a 882 comuneros (441 en San Francisco Xochicuautla, 441 en el barrio La Concepción.
Ignorando lo anterior, el Gobierno del Estado de México en diciembre de 2006 publico la convocatoria de licitación pública de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, aduciendo la “necesidad pública” de disminuir el tráfico vehicular entre la Ciudad de México y Toluca, capital del Estado de México. El 24 de abril de 2007, se emitió el falló de dicha licitación, siendo Autopistas de Vanguardia, S. A. de C. V. la empresa concesionaria para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan.
Así, el 14 de agosto de 2011 se realizó una asamblea agraria -no comunitaria-, con una gran presencia de la policía estatal, en la que se convocó únicamente a las personas pertenecientes al padrón de comuneros. Ésta se llevó a cabo en contravención a la Ley Agraria y en la cual se aceptó, de manera ilegal, el paso de la autopista de cuota. Algunos comuneros decidieron impugnar dicha asamblea, la cual después de tres años de litigio, fue anulada en el año 2014 por la interposición de un Juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario[2]. No obstante lo anterior, la empresa concesionaria continuó la construcción de la obra acompañada en toda ocasión por elementos de la policía estatal.
[2] Adicionalmente han solicitado la intervención de numerosas autoridades, han interpuesto diversos juicios en materia agraria, amparos, así como denuncias penales y ambientales, sin reconocimiento o avence alguno.
El conflicto ha llegado a un estado crítico dada la expedición por parte del Ejecutivo Federal de un Decreto de expropiación para la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, publicado el 9 d julio del presente año. En el mismo se hace mención de la realización de una consulta libre, previa e informada en los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2015. Sin embargo, la comunidad no tiene conocimiento de dicha consulta, ni se sabe quién participó en ella, ya que no se realizó de forma pública, por lo que no se tomaron medidas para asegurar la mayor participación.
Es importante recalcar que para que la consulta fuera realizada de conformidad con los estándares internacionales en la materia, aquella debía haberse realizado antes de la emisión de la convocatoria de licitación, sin la presencia de policías, respetando las asambleas por usos y costumbres y dotando de información y de medios suficientes a la comunidad para obtener la mayor información posible en relación con las afectaciones ambientales, sociales y culturales del proyecto de infraestructura[3], elementos que no se fomentaron por parte del Estado.
Por último es necesario mencionar que en mayo de 2013 y en noviembre de 2014 resultaron detenidas 12 y 8 personas respectivamente por el delito de “oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos”. Los primeros recuperaron su libertad después de firmar un convenio en el cual se comprometieron a no realizar actividades similares; mientras que los segundos, la recuperaron bajo caución manteniendo al día de hoy un proceso penal en su contra.
[3] Hasta el momento el Estado Mexicano no ha proveído información alguna sobre el proyecto. Todo lo que la comunidad y sus defensores conocen, ha sido obtenida por sus propios medios. Adicionalmente, no existe ningún estudio sobre los impactos sociales y culturales que dicho proyecto genera y que ponen en riesgo la pervivencia del pueblo otomí de la zona.
