Caso 9N

#9NNoSeOlvida

Fecha:
09.11.2020

Lugar:
Cancún, Quintana Roo

Fecha de publicación:
05.08.2022

Etiqueta:
Brutalidad policiaca, detención arbitraria y tortura sexual

La noche del 9 de noviembre de 2020 (9N), cientos de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles en Cancún, Quintana Roo, para manifestarse en contra de la violencia feminicida que azota al Estado y para exigir justicia por el reciente feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, una joven que había sido reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida en la periferia de la ciudad y con claros signos de violencia.

Minutos antes de las 20:00 horas del 9N, cerca de ochenta elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, bajo el mando único estatal de Quintana Roo, disolvieron la manifestación que se concentraba en el Ayuntamiento de la Ciudad con uso excesivo de la fuerza y atacaron a las manifestantes. Con la aquiesecencia de la Guardia Nacional, agentes municipales perpetraron violaciones graves a derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, así como tentativas de ejecución extrajudicial y fabricación de culpables, en contra de un grupo de manifestantes entre las que estaban Alice, Ana, Anette, Karen, Gloria, Julian, María, Naomi, Reyna, Roberto, Sergio y Wendy.

Los actos perpetrados el 9N no fueron un error o casualidad derivada del actuar poco diligente de las autoridades, sino que fueron actos perpetrados con la deliberada intención de causar daño a las manifestantes y castigarlas por su participación en la protesta.

Contrario a la narrativa oficial, el 9 de noviembre agentes policiacos no solo dispararon al aire, sino que activamente persiguieron a las manifestantes y accionaron sus armas de fuego directamente en contra de tres personas.

Tras recibir los impactos de bala, las víctimas no fueron auxiliadas por ninguna de las autoridades civiles o militares que se encontraban en el lugar, por lo que tuvieron que huir por su propia cuenta para salvar su vida y encontrar asistencia médica. Las secuelas físicas y psicológicas de los impactos de bala han generado impactos graves en las víctimas.

De igual forma, durante los hechos, ocho personas fueron brutalmente golpeadas y detenidas arbitrariamente. Los agentes policiacos, ante la mirada pasiva de la Guardia Nacional, arrastraron por la fuerza a las manifestantes al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, que el 9N se convirtió en un lugar de detención clandestina para perpetrar actos contrarios a la dignidad humana.

Al interior del Ayuntamiento, algunas víctimas fueron torturadas con el objetivo de castigarlas o de obligarlas a revelar la identidad de las personas que habían participado en la protesta. Otras dos víctimas, al mismo tiempo que eran brutalmente golpeadas por agentes policiacos, fueron víctimas de tortura sexual.

El 9N, los agentes aprehensores pronunciaron frases en contra de las manifestantes como: “esto les pasa por putas”, “por esta razón las matan como perras”, “las vamos a despedazar como a Alexis”, “feministas de mierda”, “ya valieron madre, pinches viejas”, “pinches viejas, putas revoltosas, ahora si a chingar a su madre para que aprendan a quejarse”, entre otras frases profundamente denigrantes y que revelan un evidente motivo de discriminación de género en contra de las manifestantes.

Como consecuencia de sus actividades de defensa y promoción de derechos humanos, las autoridades municipales y estatales emprendieron una campaña de hostigamiento en contra de las víctimas, que se ha materializado en amenazas, allanamientos, vigilancia indebida y seguimientos amenazantes en contra de las víctimas. Ante la inacción del Estado mexicano para prevenir y sancionar estos actos, las víctimas tuvieron que presentar una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Línea del tiempo

9 de noviembre 2020

Represión de manifestación en contra de la violencia feminicida que azota al Estado y para exigir justicia por el reciente feminicidio de “Alexis”.

30 de noviembre de 2020

La CDH emitió la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II en donde se reconoció que la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles. Además, de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo intentó acusarlas de delitos que no cometieron.

4 de mayo de 2021

Comenzó el juicio de 14 policías implicados en los hechos del #9N.

15 de junio de 2021

El CEAVEQROO emitió diversos dictámenes por medio de los cuales se pretende reparar integralmente a las víctimas. Estos son abiertamente violatorios de derechos humanos.

Como consecuencia de los hechos, el 30 de noviembre de 2020 la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDH) emitió la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II en donde se reconoció expresamente que la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles en contra de las propuestas beneficiarias. Además, reconoció que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo intentó acusar a las propuestas beneficiarias de delitos que no cometieron.

La CDH concedió seis meses a la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, para cumplir con la Recomendación; sin embargo, todos los puntos recomendatorios salvo uno fueron incumplidos y la CDH dio por concluido el expediente de seguimiento. Hasta junio de 2021, el Congreso de Quintana Roo no ha citado a comparecer a la autoridad responsable por el incumplimiento de la Recomendación.

El 4 de mayo de 2021 comenzó el juicio de 14 policías implicados en los hechos del #9N. Los elementos de la policía acusados se enfrentan a cargos de abuso de autoridad, lesiones y robo. Front Line Defenders documentó que, durante las semanas previas al juicio, el Comité de Víctimas 9N ha registrado un notable aumento en el número de incidentes incluyendo agresiones, amenazas, acoso policial y ataques en las redes sociales en contra de sus integrantes.

Las víctimas han denunciado que, durante el proceso, la Fiscalía ha desaparecido evidencia, no garantizó la cadena de custodia, se ha negado a recibir evidencia aportada por las víctimas y, en general, han actuado sin debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación. Asimismo, algunos de los imputados se encuentran prófugos de la justicia, por lo que están en libertad y, a pesar de que se celebró una audiencia de sustracción de la acción de la justicia, la Jueza de Control omitió ordenar medidas relevantes para dar con su paradero. Las responsabilidades de los altos mandos y de la Guardia Nacional no han sido debidamente investigadas.

A pesar de que, como consecuencia de los hechos, el Gobernador del Estado de Quintana Roo señaló haber aceptado la solicitud de separación de Alberto Capella el 10 de noviembre de 2020, Secretario de Seguridad Pública del Estado, la evidencia muestra que mantuvo su cargo y poder de facto por lo menos hasta el 24 de junio de 2021, fecha en que renunció formalmente a la Secretaría. De esta manera, su aparente separación del cargo fue un acto de simulación.

En el mismo sentido, el Congreso del Estado de Quintana Roo ha incurrido en actos de simulación, pues a pesar de que el 11 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno y Coordinación Política anunció la creación de la “Comisión especial para dar seguimiento a la investigación de los lamentables hechos cometidos por elementos policiacos en contra de personas que participaron en la manifestación del 9 de noviembre en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, en Cancún”, esta no se ha instalado formalmente.

Por otro lado, a pesar de que la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Coordero, junto con el titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jorge Rúiz del Ángel, recibieron a una representante del Comité de Víctimas del #9N, en donde se comprometieron públicamente a atender integralmente a las otras víctimas, hasta la fecha eso no ha sucedido.

El 15 de junio de 2021, el Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) emitió diversos dictámenes por medio de los cuales se pretende reparar integralmente a las víctimas. Estos son abiertamente violatorios de derechos humanos pues CEAVEQROO omitió valorar todos los hechos sufridos por las víctimas, adoptó una técnica de adjudicación incorrecta, cuantificó el daño con criterios irrazonables, descontó una enorme cantidad de dinero del monto indemnizatorio por concepto de pago a entidades privadas de medidas de rehabilitación física y psicológica, pasó por alto todos los impactos psicosociales sufridos y no hizo genuinamente partícipe a las víctimas en el proceso.

De esta manera, el Estado ha dejado al Comité de Víctimas del #9N en el abandono absoluto, al tiempo que ha buscado entorpecer y frustrar sus posibilidades de acceder a la justicia, la verdad y la reparación integral al permitir que se acose y hostigue a las víctimas.