El 30 de octubre de 2008, el Ministerio Público emitió un acuerdo en donde determinó la retención de Hugo por actualizarse un caso urgente, pero lo hizo sin que se reunieran los requisitos debidamente fundados y motivados que justificaran el supuesto riesgo de sustracción de Hugo y la alegada imposibilidad para acudir a una autoridad judicial. 

Durante el tiempo en que Hugo estuvo a disposición del Ministerio Público se le exhibió ante medios de comunicación como integrante de una banda de secuestradores; se le tomaron entrevistas; y, se le sometió a reconocimiento en cámara de Gessel, todo sin defensa jurídica privada o particular. 

Proceso Penal

Posterior a su detención, fue presentado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde se le acusó falsamente de ser colaborador para distintos cárteles de la delincuencia organizada. La lesión consistente en la fractura de la costilla fue calificada por médicos legistas simplemente como una lesión que tarda “menos de 15 días en sanar”, y únicamente se le brindaron analgésicos en un primer momento, entre otras irregularidades en la atención médica que debía brindársele como persona detenida. A pesar de haber dado parte a la autoridad ministerial de la tortura que sufrió por parte de los policías aprehensores, su denuncia no fue atendida ni se inició una investigación penal inmediatamente por esos hechos. 

El 31 de octubre de 2008, la Procuraduría General de Justicia ejerció acción penal en contra de Hugo por el delito de secuestro agravado y lo consignó ante el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Penal del Distrito Federal, que inició la causa penal 242/2008 en la que posteriormente se decretaría la prisión preventiva en su contra por tratarse de un delito “grave” y se emitiría un auto de formal prisión por, alegadamente, acreditarse el cuerpo del delito. El 12 de mayo de 2010 se emitió sentencia condenatoria en contra de Hugo, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 146 años de prisión. 

Hugo interpuso un recurso de apelación ante la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que quedó radicado bajo número de Toca 959/2010. El día 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Apelación emitió su decisión, mediante la cual modificó la sentencia de primera instancia, pero sólo por lo que ve al grado de responsabilidad supuestamente acreditado a Hugo Martínez Gorostieta, imponiéndole una condena reducida de 113 años de prisión. 

Para reclamar esa decisión, se presentó el juicio de amparo 191/2011, radicado ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, pero en sentencia del 29 de septiembre de 2011 se negó la protección solicitada. 

El recurso de revisión promovido contra la sentencia del Tribunal Colegiado fue admitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número de expediente 2470/2011 y en esa instancia se otorgó el amparo solicitado a través de una interpretación de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General que dio pie a establecer un criterio de inmediatez que se debe cumplir en la puesta a disposición del Ministerio Público de toda persona detenida. 

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó plena jurisdicción al Tribunal Colegiado para que emitiera una nueva sentencia y así se volvió a negar el amparo a Hugo, con base en pruebas obtenidas de forma ilícita. Esto dio lugar a la interposición de un nuevo recurso de revisión ante la SCJN, esta vez radicado con el número de expediente 1428/2012.   

Por segunda ocasión, la SCJN volvió a concederle la razón a Hugo, y señaló expresamente que su detención fue arbitraria debido a que no se cumplieron las formalidades esenciales para detenerlo bajo el supuesto de caso urgente; se le tuvo incomunicado; y su detención se prolongó injustificadamente. Consecuentemente, la Corte declaró nulas todas las pruebas obtenidas antes de su puesta a disposición en el Ministerio Público. 

No obstante, la Corte remitió de nueva cuenta el asunto al Tribunal Colegiado para que este emitiera una nueva sentencia ejecutoria de amparo. El Tribunal ignoró las bases de la sentencia de la Corte volvió a negar el amparo y confirmar la sentencia condenatoria contra Hugo con base en pruebas declaradas nulas. 

Finalmente, se presentó un recurso de revisión contra la decisión del Tribunal Colegiado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación –bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar y el voto en contra del Ministro José Ramón Cossío– desechó el recurso y se abstuvo de analizar el caso. Ante esa decisión de la SCJN, se promovió Recurso de Reclamación, mismo que se desechó y dejó firme e irrecurrible la sentencia en contra de Hugo Martínez a partir de ese momento.

Durante la sesión de la Primera Sala de la SCJN en la que se tomó esta determinación, la señora Silvia León –esposa de Hugo– increpó públicamente a los ministros del alto tribunal para demandar justicia. En particular, cuestionó al Ministro Arturo Zaldívar por nunca haberla recibido para exponer su caso.

Quejas por violaciones a derechos humanos

En 2010, la familia de Hugo Martínez acudió ante laentonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a presentar una queja por las violaciones graves a derechos humanos de las que fue objeto.  

Dictámenes psicológicos y médicos realizados conforme al Protocolo de Estambul, concluyeron que existe concordancia entre los hallazgos psicológicos y la descripción que Hugo Martínez realizó de los actos de tortura de los que fue víctima, así como que la sintomatología que Hugo Martínez mostró durante las valoraciones médicas son consistentes con aquellas que se espera encontrar en víctimas de tortura y que los métodos utilizados fueron golpes, cachetadas, toques eléctricos, pisotones, asfixia por método seco, entre otros.  

El 16 de agosto de 2018, la CDHDF emitió la Recomendación 5/2018, en la que reconoció que Hugo Martínez  fue víctima de violaciones a derechos humanos, en específico, de violaciones a la libertad personal por la detención ilegal que sufrió; a la integridad personal por la tortura que se le infligió; al debido proceso; y al derecho de acceso a la justicia.   

En particular, la CDHDF estableció que: 

● La detención fue ilegal porque la orden de localización y presentación girada contra quien se le imputara la responsabilidad en los delitos de secuestro no facultaba a las autoridades a detenerme, y porque no existía orden de aprehensión ni delito flagrante. 

● La retención por caso urgente es violatoria del derecho a la libertad personal porque no existió resolución previa que la motivara. 

● Durante el traslado a las autoridades ministeriales y durante la estancia de Hugo Martínez en la PGJDF se cometieron actos de tortura física y psicológica en su contra, tal y como se acredita mediante los informes médicos basados en el Protocolo de Estambul, y con el objeto de que se inculpara de los delitos que se estaban investigando 

● Existió una dilación injustificada en la puesta a disposición. 

● Se violaron sus derechos a la defensa jurídica adecuada, a no autoincriminarse, a no ser exhibido como delincuente ante medios de comunicación y a la no intervención de datos y domicilio. 

● Se violó su derecho de acceso a la justicia debido a que la juzgadora penal que conoció de la causa no inició una investigación sobre los actos de tortura que en todo momento declaró y denunció durante el proceso penal, además de que la indagatoria iniciada por su familia se encontraba indebidamente en reserva. 

Es preciso señalar que en esta recomendación también se reconocieron como víctimas de violaciones graves a derechos humanos a decenas de personas más, quienes también fueron detenidas en condiciones similares a la de Hugo Martínez, pero en casos que no guardan relación con los hechos victimizantes.  Esto es muestra de que el caso de Hugo Martínez se encuentra inserto en un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidas contra personas inocentes en la Ciudad de México. 

Al respecto, la CMDPDH ha documentado que el gobierno capitalino puso en marcha un organizado y agresivo mecanismo de fabricación de culpables del delito de secuestro durante el periodo en que Miguel Ángel Mancera Espinosa fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón.  

Dentro de estas acciones resalta la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Secuestros y la emisión de un acuerdo mediante el cual se estableció un sistema de entrega de estímulos económicos a los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría que realizaran detenciones a personas dedicadas a cometer delitos graves.

Lo que en principio pareció ser un interés genuino del gobierno del Distrito Federal en combatir la impunidad, se convirtió en que las acciones institucionales mencionadas generaran rápidamente un incentivo negativo para, por una parte, fabricar culpables de delitos y, por otra, adoptar la tortura como un mecanismo de investigación. De manera inmediata, el número de detenciones y consignaciones de personas inocentes aumentó dramáticamente, así como el número de casos de tortura denunciados ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Tan solo en 2009, se presentaron ante la CDHDF 136 quejas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos. De ellas, en al menos 104 se hizo mención a la tortura física y psicológica cometida por la Policía Judicial y el personal ministerial de la PGJDF.

Acciones internacionales

En agosto de 2016, se presentó un escrito de petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se alegó que el Estado mexicano es responsable por violar los derechos humanos de Hugo Martínez Gorostieta en virtud de los actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes; la detención ilegal y arbitraria; la intervención ilegal de comunicaciones; la intervención ilegal del domicilio privado; la violación al debido proceso y presunción de inocencia; el yso de pruebas obtenidas por tortura para juzgar responsabilidad penal.; la falta de acceso a la justicia para determinar responsabilidad por dichas violaciones; y, la ausencia de reparación a las anteriores violaciones.

A pesar de que el escrito se presentó bajo la figura del per saltum, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29.2 (B) del Reglamento de la CIDH, han transcurrido más de cinco años sin que la Comisión Interamericana se pronuncie siquiera por la admisibilidad de la petición. Frente a la enorme frustración que supone el ya no tener ningún recurso interno en México, y ante el debilitamiento de la esperanza que provoca el enorme atraso procesal que se vive en la CIDH, en julio de 2021, se presentó el caso de Hugo ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Con esto se pretende encontrar un remedio a las graves violaciones que siguen cometiéndose contra el derecho a la libertad de Hugo. 

La CMDPDH presentó una comunicación individual ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) por las violaciones a derechos humanos cometidas contra Hugo Martínez Gorostieta; donde se narra que Hugo fue arrestado en violación a estándares constitucionales e internacionales. Se señaló, además, que Hugo fue torturado y forzado a autoincriminarse por delitos que no cometió. Asimismo, se da cuenta del irregular proceso penal seguido en su contra así como de la sentencia que lo condenó finalmente a 113 años de prisión. A pesar de que el WGAD no exige el agotamiento de recursos internos, en la comunicación se hizo notar que Hugo Martínez usó todos los medios de defensa jurisdiccionales y no jurisdiccionales, ordinarios y extraordinarios, para intentar recuperar su libertad.  En particular, se hizo énfasis en que el caso de Hugo fue analizado en diversas ocasiones por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Se puso en conocimiento del WGAD que la SCJN determinó que la detención de Hugo fue arbitraria, pues encontró que no se cumplieron con los requisitos exigidos por la Constitución para su detención. Al mismo tiempo, se le hizo saber al WGAD que –contrario a lo que disponen los criterios de Derecho Internacional– la SCJN no ordenó la libertad de Hugo, sino que simplemente excluyó pruebas. 

En el mismo sentido, se comunicó al WGAD que un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia contra Hugo basándose en pruebas declaradas inválidas por la propia SCJN, lo que obligó a Hugo a promover un nuevo recurso de revisión que no fue admitido por la SCJN, pues un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar estableció que el recurso de Hugo no entrañaba cuestiones constitucionales. Aunado a lo anterior, se hizo del conocimiento del WGAD que la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal emitió la recomendación 05/2018 en la que constató los actos de tortura y la detención arbitraria que sufrió Hugo, lo que dio pie a la promoción de un incidente de reconocimiento de inocencia que fue declarado infundado.  Con la presentación de esta comunicación, se busca que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria contribuya a remediar el error en el que incurrió la SCJN al no ordenar la liberación de Hugo, a pesar de que fue la propia SCJN la que determinó que su detención fue arbitraria. 

Hoy, las últimas esperanzas de la familia Martínez Gorostieta están puestas en los organismos internacionales de derechos humanos.

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