La Comisión de Derechos Humanos local informó que en la Ciudad de México la tortura era utilizada como mecanismo para obtener “confesiones” y así poder encontrar a los responsables de un delito, y una de las formas más comunes de tortura era durante los interrogatorios a través de asfixia, ahogamiento, estrangulación, traumatismos por objetos, etcétera.

Como Nino, muchas personas inocentes han sido acusadas de delitos que no cometieron. La Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL), ilustra que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) más de 80 mil personas fueron detenidas sin orden de aprehensión, bajo contextos de abierta injusticia, imprevisibilidad y falta de observancia a garantías procesales. Asimismo, de acuerdo con las cifras de la ENPOL, más de 100 mil personas afirmaron haber recibido golpes o patadas durante su arresto y en el período previo a su presentación ante un juez o ministerio público competente.

La misma ENPOL señala que casi 50 mil personas fueron presionadas por la autoridad para dar otra versión de los hechos y más de 30 mil no contaron con la presencia su abogado. De igual forma, la encuesta encuentra que, a nivel nacional, 50.2% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 no se declaró culpable; y hasta 46.7% de las personas que sí se declararon culpables, lo hicieron bajo algún tipo de influencia indebida. De ello se puede inferir, con un grado razonable de convencimiento, que una parte importante de la población privada de su libertad en México es inocente.

A pesar de que muchas de las víctimas detenidas injustamente en la Ciudad de México han sido torturadas para obligarlas a declararse culpables, la impunidad ha sido la regla general. De acuerdo con datos oficiales, entre 2010 y 2019 la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió 3733 denuncias por actos de tortura. De ese universo de casi cuatro mil denuncias, solamente se ha propuesto el ejercicio de la acción penal en 8 (ocho) expedientes.

Proceso legal contra Nino Colman

De la constancia ministerial del día 11 de agosto de 2009 se desprende que, a las 20:38 horas, los agentes de la policía judicial Gustavo Ramos Castañeda y Juan Antonio Calvo Santos pusieron a Nino Colman a disposición de la Fiscalía Antisecuestro de la PGJDF.

Sin embargo, se observa que Nino Colman estuvo presente ante el Ministerio Público después de las 22:17 horas; es decir, seis horas después de su detención, hora en la que fue certificado por un médico legista de la Dirección de Apoyo Pericial para Fiscalías Centrales y, a continuación, efectivamente presentado ante el Agente del Ministerio Público Alfonso Díaz Pauli, titular del Tercer Turno con Detenido de la Fiscalía. Cabe señalar que este servidor público no fue quien emitió la orden de localización y presentación de fecha del 25 de mayo del mismo año, sino que fue otro Agente del Ministerio Público el que realizó la integración de la averiguación previa.

Las pruebas de cargo utilizadas para incriminar y condenar al señor Nino Colman por el delito de secuestro devienen de una prueba nula desde su origen, pues se obtuvo a partir de la intervención de comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, hecho que se tradujo en la obtención inconstitucional de una dirección IP (Internet Protocol).

Cabe destacar que no obra en el expediente de la averiguación previa ni de la causa penal la solicitud previa, formal y expresa a una autoridad judicial federal para obtener la dirección IP de las cuentas de correo electrónico investigadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 16 párrafo décimo tercero de la Constitución General de la República. Al mismo tiempo, se observan diversas inconsistencias en la utilización de la plataforma Re@dNotify.

A su vez, a raíz de los informes de la policía cibernética, se practicaron diversas diligencias que fueron utilizadas para incriminar al señor Nino Colman. Particularmente, derivado del informe del 3 de octubre, la autoridad ministerial solicitó un Informe a la empresa telefónica TELMEX, requiriendo el domicilio físico de la dirección IP obtenida de manera inconstitucional.

Respecto, de la defensa recibida por parte de defensoras públicas de oficio es importante analizar, contrario a como lo hizo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, cual es el impacto de dicha defensa en la sentencia condenatoria que ha tenido que asumir injustamente el señor Nino Colman. Particularmente, respecto de la primera defensora de oficio, la Lic. Alejandra Montagner,  quien renunció al término procesal que concede la ley adjetiva para analizar el expediente, y el hecho de que a sólo diez días de haber asumido el cargo, acordó con el juez de la causa el cierre de la etapa de instrucción ante la total ignorancia de que aún existían pruebas fundamentales por desahogar; así como el hecho de que la segunda defensora de oficio tampoco hizo valer en sus conclusiones la ilicitud e inconstitucionalidad de la pruebas que obraban en el expediente penal, situación que pasó inadvertida también por el juez de la causa y durante el trámite de la apelación, que fue asumida nuevamente por la Defensoría Pública de Oficio. Dichas circunstancias no fueron valoradas por los Magistrados del Octavo Tribunal, a pesar de que afectaron considerablemente el derecho a la defensa adecuada del señor Nino Colman.

El señor Nino Colman Hoyos Henao se naturalizó y obtuvo su carta de naturalización en fecha 21 de octubre del 2003, por lo que a la fecha de su detención habían transcurrido seis años de su naturalización. Desde el momento de su detención el señor Nino Colman hizo mención de que su nacionalidad de origen es la colombiana, a pesar de ello ni el ministerio público, ni el juez de la causa penal ni el juez de apelación dieron el correspondiente aviso a las autoridades consulares de la Embajada de Colombia para hacer efectivo su derecho a la asistencia consular y por ende su derecho a la defensa adecuada.

a única participación que se le atribuyó a Nino Colman fue la creación de dos cuentas de correo electrónico que supuestamente fueron utilizadas por otras personas para entablar las negociaciones para la liberación de la víctima del secuestro; la empresa Microsoft México, mediante un informe de fecha 28 de octubre de 2009, solicitado por el propio Juez Penal, manifestó que las cuentas de las cuales se le solicitó el historial del uso así como la fecha de inicio de sesión no fueron encontradas en su sistema, es decir que al momento de emitir dicho informe esas cuentas no existían.

Dicho informe pasó inadvertido por las defensoras de oficio y fue indebidamente valorado por el Juez penal, lo que trajo como consecuencia que el 9 de agosto de 2010 Nino Colman fuera sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro, con base en pruebas que fueron fabricadas y que no siguieron los requisitos constitucionales para que fueran válidas para poder inculpar a Nino.

La sentencia condenatoria fue apelada ante la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el Toca Penal 242/2010, por una tercera defensora de oficio; sin embargo, en la resolución emitida el 14 de enero de 2011, se confirmó la condena a 60 años de prisión, nuevamente obviando las diversas irregularidades en las pruebas utilizadas para sentenciar a Nino Colman.

En contra de la sentencia de apelación, se interpuso el amparo directo 112/2015 ante el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito, el cual emitió su resolución el 16 de julio de 2015 concediendo amparo a favor de Nino Colman, dejando insubsistentes las sentencias de agosto de 2010 y de enero de 2011 y ordenando se reabriera el procedimiento penal con la oportunidad de ofrecer más pruebas que acrediten su inocencia.

A pesar de dicha determinación, los Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado no se pronunciaron en torno a determinadas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de Nino Colman que eran fundamentales para poder demostrar la ilicitud de las pruebas utilizadas para incriminarlo.

Ante dicha omisión que implicó que los Magistrados dejaron de interpretar violaciones constitucionales que fueron planteadas en la demanda de amparo directo, se presentó el recurso de revisión 4624/2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual fue en un primer momento admitido; pero, durante la audiencia de fecha 6 de julio de 2016, el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso desechar el asunto y, así, fue finalmente desechado con cuatro votos a favor (Piña Hernández, Pardo Rebolledo, Ortiz Mena y Zaldívar) y un voto en contra del del ministro José Ramón Cossío Díaz quien, además, formuló un voto particular señalando que el caso no debió de haber sido desechado “porque existen temas de constitucionalidad que ameritaban un estudio de fondo, del que podría originarse un mayor beneficio para el justificable”.

De esta manera, la Suprema Corte, con base en un proyecto elaborado por el ministro Zaldívar, le negó a Nino Colman la posibilidad de que las violaciones graves a derechos humanos que sufrió fueran analizadas para determinar el impacto que tuvieron dentro del proceso penal.

Actualmente, Nino Colman lleva injustamente privado de su libertad más de once años por un delito que no cometió.

Investigación por violaciones a derechos humanos

El 13 de agosto de 2009, la madre de Nino Colman, Francia Nelly Henao Agudelo, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En respuesta a ello, en febrero de 2013, la CDHDF emitió la Recomendación 2/2013 en donde encontró que Nino Colman Hoyos Henao fue víctima de violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales (por la detención arbitraria y la puesta a disposición tardía); el derecho a la presunción de inocencia (por el arraigo que sufrió); el derecho a la integridad personal (por la tortura sufrida); el derecho al debido proceso (por el incumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento); y el derecho de acceso a la justicia (por la falta de investigación eficaz y oportuna).

La presentación de la queja ante la CDHDF tuvo como consecuencia que se iniciara la averiguación previa FSP/B/T2/0177/09-08 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  La investigación por el delito de tortura la están llevando agentes ministeriales adscritos a la misma institución señalada de haber cometido la tortura en contra de Nino Colman; además, hasta en seis ocasiones han intentado cerrar la investigación a través de diversos no ejercicios de la acción penal que han sido combatidos a través de inconformidades y amparos. Actualmente, el sexto no ejercicio de la acción penal está siendo analizado en un tribunal colegiado.

La investigación ha demorado más de diez años, y no ha arrojado ningún resultado tendiente a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos denunciados, ni la identidad de las personas que puedan haber participado en ellos. La investigación, y sus consecuentes determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal han estado plagadas de deficiencias jurídicas, incluso conceptuales, lo que nos lleva a asumir con fundamento razonable que estamos frente a un actuar incompetente.

Las violaciones a derechos humanos cometidas en este caso están siendo analizadas por un organismo internacional.