Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en México: La instalación de un mecanismo eficaz para su protección

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Abril 30, 2011

Los últimos cinco años han visto una escalada en el número de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. La situación de violencia en el país, así como el consecuente aumento de violaciones graves a los derechos humanos a raíz de la estrategia de combate a la delincuencia organizada emprendida por el Presidente Calderón desde 2006, ha elevado el riesgo de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en México. 

Entre 2006 y 2011, según reportes de la sociedad civil,[1] 61 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas y al menos otras 4 desaparecidas. El número de agresiones y amenazas en su contra es aún más elevado. Según un informe publicado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2006 y 2010 se registraron un total de 165 ataques y agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de los cuales 98.5% continúan impunes.Además, seha también documentado el uso del sistema de justicia para incriminar a las y los defensores de derechos humanos como un mecanismo para entorpecer y obstaculizar su labor.

 

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Según el más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en julio de 2011, “El Derecho a Defender: Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México”, entre enero de 2005 y mayo de 2011 se registraron un total de 523 expedientes relacionados con agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe destacar que, mientras entre 2005 y 2009 el promedio fue de 21 expedientes por año, en 2010 se registró un total de 48 expedientes y en 2011 59, lo que significó un aumento superior al 100%.

Por su parte, las relatorías para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, tanto de la ONU como de la CIDH, destacaron en sus informes más recientes el aumento de las amenazas y hostigamientos en contra de defensores y defensoras en México.  De igual forma, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han dado cuenta también del aumento sostenido en las agresiones contra defensores y defensoras.

Los abusos en contra de defensoras y defensores no son trabajo aislado de ciertos individuos, como el gobierno ha intentado argumentar. Por el contrario, éstos ocurren en un contexto de estigma y criminalización por parte de autoridades del más alto nivel y son cometidas con la aquiescencia y complicidad de un gran número de autoridades públicas. Declaraciones recientes de los más altos rangos de las Fuerzas Armadas así lo demuestran.

En el mes de julio de 2011, durante la ceremonia de graduación de cadetes de la Heróica Escuela Militar, en la cual también estuvo presente el Presidente Calderón, el Secretario de la Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, señaló que: “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.

Semanas atrás, el Director General para los Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa expresó su rechazo a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia en la cual se estableció que aquellos militares que cometiesen violaciones a los derechos humanos en contra de civiles debieran ser juzgados por tribunales civiles. El Coronel Aníbal Trujillo Sánchez señaló sin ninguna base aparente que son grupos criminales quienes están interponiendo la mayoría de las quejas en contra de las Fuerzas Armadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de desacreditar a las instituciones, pasando por alto la legitimidad de aquellas víctimas de violaciones a sus derechos de interponer una queja.

Declaraciones como las antes expuestas exponen a las y los defensores de derechos humanos a un mayor riesgo e incrementan su vulnerabilidad. Más aún, dichas declaraciones son contrarias al espíritu de la recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos y al propósito del Acuerdo emitido por el Presidente Calderón que sienta las bases para la implementación de un mecanismo gubernamental de protección para las y los defensores de derechos humanos, acuerdo publicado durante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mes de julio de 2011.

Es por ello que distintos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos que garantice las condiciones adecuadas para el desempeño de la importante función que defensoras y defensores de derechos humanos realizan. Asimismo, se ha instado al Estado mexicano a implementar medidas de prevención con el fin de eliminar las causas que generan dichas agresiones.

El pasado 30 de abril el Congreso aprobó por unanimidad en ambas Cámaras la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual contempla acciones tanto de prevención como de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los defensores de derechos humanos y periodistas.

La iniciativa fue resultado de largos meses de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y representantes del Poder Legislativo. Además, contó con el acompañamiento de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz, además de haber gozado del asesoramiento técnico de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Cabe destacar que la Ley cuenta con el respaldo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos o a la libertad de expresión.

La situación de extrema vulnerabilidad por la que atravesamos defensoras y defensores de derechos humanos requiere de acciones concretas por parte del Estado mexicano para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. La Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos es tan sólo un paso para que el Estado cumpla con dicha obligación.

Tras la aprobación de dicha Ley, será fundamental continuar monitoreando la labor de las autoridades para su efectiva implementación. Aunado a ello, resulta fundamental avanzar en el combate a la impunidad en este tipo de casos, la cual, como ya se mencionó, supera el 98% de los casos. La Ley de Protección es únicamente un mecanismo que facilita la coordinación entre las autoridades responsables para garantizar la seguridad de quienes soliciten la intervención del Estado; no obstante, la justicia y la rendición de cuentas deben de ser rutas paralelas que el Estado tiene la obligación de implementar.

 




[1]
Nancy Flores. “Con Calderón, 61 defensores de DH asesinados”. Contralinea. Disponible en http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/12/19/con-calderon-61-defensores-de-dh-asesinados/

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