México D.F., 28 de mayo de 2012

Ordena juez federal que la tortura sea investigada de forma imparcial, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Estambul

• Sentencia establece elementos de gran relevancia para la investigación y sanción de la tortura en México

En el amparo 910/2011 promovido por Nino Colman Hoyos Henao, representado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), en contra de la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para el no ejercicio de la acción penal en la denuncia interpuesta en contra de elementos de dicha institución por el delito de tortura, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito amparó al quejoso Nino Colman en contra del mencionado acto de la PGJDF, en lo que resulta ser una sentencia de gran relevancia para la investigación y sanción de la tortura en México.

Comunicado en PDF 

El día 11 de agosto de 2009, Nino Colman Hoyos Henao fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía de Investigación de la PGJDF, quienes antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público lo retuvieron por varias horas, durante las cuales fue sometido torturas consistentes en golpes por todo el cuerpo; ahogamiento con una bolsa de plástico y con agua; y amenazas contra su integridad y la de su familia. Aunque Nino Colman denunció los hechos ante el Ministerio Público, éste determinó el no ejercicio de la acción penal, basándose en un dictamen pericial emitido por peritos adscritos a la propia PGJDF y practicado hasta junio de 2010, mismo que señala que no existían elementos que acreditaran la tortura.

"Esta sentencia a favor de Nino es muy importante para demostrar su inocencia. (las autoridades) No tienen ni una prueba, ni hay huellas, ni hay videos, ni hay nada que lo señale como culpable" del delito del que se le acusa. "Lo único que existe es la tortura a la que fue sometido en un proceso irregular", destacó la madre de Nino Colman.

Contra la resolución del Subprocurador de Averiguaciones Centrales de la PGJDF en la que confirma la resolución del Ministerio Público, Nino Colman Hoyos Henao promovió juicio de amparo asistido por abogados de la CMDPDH. En su sentencia de fecha 15 de mayo de 2012, el Juez de Distrito estableció que las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos los tratados internacionales para prevenir y sancionar la tortura y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul. En dichos instrumentos se establece el derecho a que la tortura sea investigada de forma imparcial.

El Juez de Distrito determinó que la resolución basada en el dictamen de los peritos de la PGJDF no era reflejo de una investigación imparcial, estableciendo que cuando los presuntos torturadores pertenezcan a la misma institución que las autoridades investigadoras, éstas deberán de solicitar la práctica del Protocolo de Estambul a órganos estatales que no tengan relación alguna con los presuntos torturadores.

Cabe recalcar que organizaciones de la sociedad civil han señalado la persistencia de la tortura en el Distrito Federal. Al respecto, Octavio Amezcua Noriega, Director de Defensa de la CMDPDH, señaló que “aunque el Distrito Federal ha avanzado en algunos aspectos de la protección de libertades fundamentales, vemos con preocupación que la procuración de justicia sigue siendo el ámbito en el que se presentan más violaciones a los derechos humanos en contra de la población. La policía del Distrito Federal sigue deteniendo de forma arbitraria y torturando personas, mientras los ministerios públicos se empeñan en respaldar estas acciones.”

Sin embargo, para Amezcua Noriega, con esta sentencia “la justicia mexicana da salida a uno de los factores que mantienen en la impunidad a la tortura, que es la complicidad entre las autoridades para no sancionar este tipo de prácticas. Por ello, la sentencia dictada por el Juez de Distrito constituye un paso más en la lucha que las organizaciones de la sociedad civil libran contra la tortura en México.”

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