Por Mariana Lojo*

La Ley General de Víctimas aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, misma que se encuentra en espera de ser publicada, incluye garantías para el Derecho a la Verdad con lo cual establece que las víctimas “tienen el derecho a saber las causas que generaron el daño sufrido, las circunstancias que lo propiciaron y los responsables del mismo”. Una vez que la víctima sabe la verdad, puede elegir libremente de qué manera proceder para que se lleve a cabo el proceso de justicia que corresponda al daño sufrido por ésta.

La negativa de la oficina presidencial de publicar en tiempo y forma una Ley debidamente aprobada por ambas cámaras legislativas es una negativa al ejercicio de la verdad.En lo que refiere al contenido específico de la Ley que se ocupa sobre el derecho a la verdad, esta negativa es también una negativa a asumir responsabilidades en torno a las garantías de verdad y reparación a las cuales está obligado el estado mexicano de acuerdo con su mandato y de acuerdo con los estándares en materia de derechos humanos que en nuestro país son de orden constitucional.

Al respecto Tita Radilla, familiar de desaparecido durante la “guerra sucia” de los setenta, considera: “Lamentamos la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón de vetar la ley de víctimas que las dos cámaras han aprobado y que ha sido un esfuerzo de instituciones y personalidades pero sobre todo un logro de familiares y víctimas del delito y de graves violaciones a los Derechos Humanos. Como familiares y víctimas del terrorismo de Estado de la década de los setentas que han esperado, en algunos casos hasta más de cuatro décadas verdad y justicia, exigimos al presidente Felipe Calderón acate la decisión del poder legislativo y publique de inmediato y sin restricciones la Ley Nacional de Victimas.”

Una decepción compartida por Javier Sicilia del Movimiento por la Paz Dignidad y Justicia cuando declaró “le vuelvo a decir al Presidente: no traicione su palabra. Ha traicionado demasiado este país para que siga traicionándolo. Le exigimos, yo ya no le pido, le exijo, que cumpla su palabra y que se promulgue esa ley”.

La insistencia del ejecutivo en acotar el ámbito de las personas víctimas sólo a quienes han sido víctimas del delito y del “crimen organizado” es una estrategia por minimizar las responsabilidades de las autoridades ante los abusos cometidos contra la población y un distractor de la atención puesta sobre la violencia sistemática como política de estado.

Es importante distinguir el ámbito primordial de responsabilidad del estado, incluso cuando los perpetradores de la violencia contra las víctimas no sean agentes del estado. En tanto, es a causa de la incompetencia de las autoridades para garantizar el estado de derecho,que se quiebran los ámbitos de legalidad. Una de estas incompetencias es el mal uso del monopolio de la fuerza del estado. Incrementar las policías y militarizar las calles no inhibe ni corrige las deficiencias previas, si bien, se vuelven recursos de última salida ante la falta de instituciones capaces de gobernar en condiciones de paz, justicia, legalidad y verdad.

Observemos con más detenimiento las implicaciones del derecho a la verdad como medida de reparación para poder poner en perspectiva la gravedad de esta postura unilateral del estado mexicano ante sus obligaciones legales en materia de protección a víctimas y derechos humanos.

Quien ha sido víctima de una violación de derechos humanos debe poder resarcirla verdad narrativa de los hechos que le violentaron, tanto en su memoria, como en su comprensión vital, para lo cual no se le puede negar esta verdad. Sin esta pieza narrativa, que le da cuenta de qué fue lo que le pasó y que le permite redefinirse después de cada experiencia que vive, este ser humano se encuentra roto, preso, fracturado dentro de sí mismo, atemorizado, sin fuerza para consolidar su voluntad en el marco de la realización de un proyecto de vida. Una persona a la que se le niegan las verdades que la compone es una persona que vive extraña de sí misma, habitada por un desconocido y con la herida abierta del pedazo de su alma que le ha sido arrebatado.

El derecho a la verdad es cordura, paz, justicia, es la certeza de que los hechos que componen mi vida son reales, de que los hechos que componen mi memoria existen en tanto remiten a datos concretos que se pueden compartir y cotejar. El derecho a la verdad es la posibilidad de concatenar la narrativa de mi historia de vida conforme a lo que realmente ocurrió. La garantía del derecho a la verdad me permite exigir que los responsables de la violencia a la que fui sometida asuman sus actos y las responsabilidades legales de los mismos, precisamente, porque sé cuáles son estos actos, quien los llevó a cabo, cómo se cometieron, en dónde, quiénes estuvieron involucrados y quiénes los ocultaron, si fuera el caso.

Esta verdad es la que nos niegan cuando, sin excusa, se posterga la publicación de la Ley General de Víctimas.

* La autora es maestra en políticas públicas y estudiante de doctorado de la UNAM y colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las expresiones aquí vertidas son exclusivamente personales y no comprometen en nada a las instituciones mencionadas.

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