El siguiente informe fue investigado y escrito durante un periodo de 11 meses por un equipo de investigadores de Global Exchange y dos abogados especialistas en leyes migratorias Las investigaciones se llevaron a cabo en la Ciudad de México, San Cristóbal de Las Casas y los Altos de Chiapas.
Desde la masacre de Acteal en diciembre de 1997, Global Exchange y otras organizaciones internacionales han sido testigos de una intensificación en la estrategia del Gobierno Mexicano en la denominada Guerra de Baja Intensidad en el Estado de Chiapas. En junio de 1998, Global Exchange publicó un informe sobre el número creciente de violaciones de derechos humanos ejecutados por el Ejercito Nacional Mexicano contra las comunidades indígenas, incluyendo testimonios sobre las repercusiones económicas, sociales y culturales, como consecuencia de esta agresión.
El gobierno ha intentado mantener su imagen como promotor de derechos humanos, no obstante que las evidencias demuestran todo lo contrario, al expulsar a docenas de testigos internacionales del Estado de Chiapas. En forma sistemática, las autoridades mexicanas aplicaron erróneamente las leyes domésticas e internacionales a lo largo de 1998, en un esfuerzo por politizar y desacreditar el trabajo humanitario y de derechos humanos en Chiapas y otros estados conflictivos. El punto neurálgico de este informe esta fundamentado en un exhaustivo análisis legal que justifica la observación international en México, basando sus argumentos en la Constitución Política Mexicana, la Ley General de Población y en los acuerdos internacionales que el Gobierno Federal ha ratificado.
Global Exchange, Red de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos», Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos
Primera edición: 1999
[note]Documento disponible para consulta en nuestra oficina[/note]
