Originalmente publicado en Noche y Niebla – El Universal 12/02/13

Por Daniel Joloy y Samuel Kenny*

 

Tras la liberación en México hace apenas unos días de Florence Cassez, ciudadana francesa condenada a sesenta años de prisión por el delito de secuestro, los retos para la justicia mexicana aún siguen siendo abrumadores. Su libertad, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha causado gran revuelo entre la sociedad mexicana, pero ha sentado también grandes precedentes en materia de justicia y derechos humanos.

La decisión de la Suprema Corte es una primera piedra en el largo camino por garantizar la vigencia del debido proceso en México. Este tribunal no discutió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez, sino sobre los vicios del proceso que vulneraron sus derechos. Ha sido muy claro cómo el montaje televisivo y los testimonios vertidos en la averiguación invalidaron la presunción de inocencia y violentaron el debido proceso.

Desde hace muchos años el respeto al debido proceso en México es un reto pendiente. En una gran cantidad de ocasiones, cuando las personas detenidas son presentadas ante la autoridad judicial, enfrentan una serie de barreras impuestas por el propio sistema de justicia que termina por vulnerar sus derechos, propiciando la impunidad y generando una gran desprotección para los implicados.

Si bien han habido ciertos avances en México, mayormente normativos, para garantizar los derechos de todas las personas detenidas, los retos aún son mayúsculos. En muchas ocasiones, las autoridades no presentan de forma inmediata a la persona detenida ante el Ministerio Público, facilitando posteriores violaciones a los derechos humanos. Este fue el caso de Florence Cassez, en donde la demora injustificada permitió la realización de un montaje televisivo para mostrar su presunta culpabilidad sin pruebas ante la sociedad mexicana.

No poner a las y los detenidos en disposición de las autoridades de forma inmediata ha permitido también, en otros casos, que se cometan actos de tortura para obtener confesiones autoinculpatorias, en muchas ocasiones de personas inocentes. Entre 2006 y 2012 se registraron más de 5,100 quejas por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un aumento superior al 500% desde que dio inicio la llamada guerra contra la delincuencia organizada.

Hemos visto también, cada vez con mayor frecuencia, como las autoridades presentan ante los medios de comunicación a los presuntos criminales, en un intento por presumir las acciones que realizan y mostrar resultados ante la sociedad. Sin embargo, según han señalado las propias autoridades, en muchos de éstos casos las personas acaban saliendo en libertad pues no se logró probar su responsabilidad.

Más aún, la presentación de personas detenidas ante medios de comunicación vulnera de manera seria el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y daña de manera profunda su derecho a la honra. Mediante esta serie de presentaciones, incitan a la sociedad e incluso a las propias autoridades a emitir un juicio previo al proceso judicial, sentenciando en muchas ocasiones a la persona sin pruebas para ello.

Los problemas son aún mayores cuando a este diagnóstico sumamos la emergencia nacional que en materia de derechos humanos atraviesa México. Como resultado de la guerra emprendida contra la delincuencia organizada, de 2006 a la fecha, han sido asesinadas más de 80.000 personas y al menos 25.000 permanecen desaparecidas. Por encima de todo esto, los índices de impunidad en México son abrumadores, siendo que tan sólo 2 de cada 100 crímenes son sancionados.

La decisión de la SCJN en el caso de Florence Cassez es un paso importante para comenzar a reparar los serios problemas que enfrenta el sistema de justicia en México. El respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia y debe ser entendido como tal; las pruebas obtenidas de forma ilegal mediante la violación de derechos humanos no deben ser nunca admitidas en ningún proceso judicial.

Pero, ¿qué sigue para hacer que el sistema de justicia en México realmente vele por las víctimas y respete los derechos humanos de todas las personas? Hace ya más de cuatro años el Congreso aprobó reformas sustanciales al sistema de justicia penal, haciendo de éste un sistema acusatorio basado en los juicios orales y la presunción de inocencia. En México ha imperado un sistema inquisitivo en donde todo se hace por escrito, sin confrontación de testimonios y en muchas ocasiones en ausencia del propio juez. Una encuesta reciente del Centro de Investigación y Docencia Económica reveló que más del 70% de las personas en prisión nunca pudo hablar personalmente con el juez, y 50% no contó con un abogado que le defendiera al momento de rendir su declaración.

Sin embargo, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia ha sido muy lento y ha enfrentado serios obstáculos. Diversas autoridades de los diferentes niveles de gobierno han impuesto trabas para su implementación y no han mostrado la suficiente voluntad política para garantizar que el sistema acusatorio de juicios orales pueda surtir efectos reales. A cuatro años de su aprobación, tan sólo 3 de los 32 estados de la República han implementado el nuevo sistema de justicia en su totalidad; 14 ni siquiera han iniciado el proceso.

El nuevo sistema de justicia es una herramienta que podría, de ser implementado eficazmente, garantizar el acceso a la justicia y favorecer un mayor respeto a los derechos humanos de todas las personas implicadas, tanto víctimas como acusadas. La única manera de combatir los altos índices de impunidad en México será mediante el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluido el debido proceso. Para eso México necesita el respaldo y la vigilancia de la comunidad internacional, para que no haya otro caso Cassez y que por fin se garantice la justicia de forma real.

 

*Daniel Joloy es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, México, y Maestro en Derechos Humanos por la misma. Actualmente se desempeña como director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Se ha desempeñado también como investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y colaboró con Amnistía Internacional – México en el Programa de Interlocución con Autoridades e implementación de estrategias de cabildeo. También ha colaborado con la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas.

*Samuel Kenny es el Director del área de comunicación de la CMDPDH. Después de ocho años de colaboración con la Fondation Charles Léopold Mayer (Paris) en varios proyectos trabajó como periodista local en Francia. Luego trabaóo tres años cómo corresponsal de varios medios internacionales francoparlantes (France 24, AFP, Le Figaro, RFI) basado en México. Se especializó sobre temas de criminalidad y derechos humanos en América Latina. Es Maestro en ciencias políticas (IEP Aix-en-Provence) y en periodismo bilingüe Francés-Inglés (Paris Sorbonne Nouvelle).

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