Originalmente publicado en Noche y niebla – El Universal 24/01/13

Por Raúl Ramírez Baena*

Los nombramientos de las titulares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujer), Nuvia Mayorga Deldado y Lorena Cruz Sánchez, respectivamente, generaron extrañeza y protestas de las ONG por su falta de trayectoria en esas materias. Pero el nombramiento que más controversia y preocupación causó fue el de Ardelio Vargas Fosado. Ardelio Vargas, siendo diputado federal por el PRI, dejó su curul por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Puebla. Ahora, se separa de este cargo para integrarse al equipo de Peña Nieto como Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

En su trayectoria destaca la represión del 23 de agosto de 2011 contra campesinos de Chignahuapan que defendían sus tierras. El ex secretario de Seguridad Pública de Puebla llegó a justificar su talante brutal aduciendo que sólo aplicaba la ley.

Durante el violento desalojo de campesinos, un grupo de periodistas fue agredido por policías estatales. Vargas confirmó que ordenó el ataque contra reporteros y fotoperiodistas que perpetraron los uniformados.

“Yo opero de manera muy puntual. Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando”, expresó el 6 de diciembre, cuando admitió su autoría en los hechos.

Cuando los reporteros le preguntaron si una grabadora o una cámara podían considerarse armas o instrumentos para agredir a los policías, Vargas Fosado replicó: “Si no traes una identificación, donde te encuentre en una operación y me estás agrediendo, tendré que tomar medidas de control (…) ustedes no saben qué agresión hubo en ese lugar”.

Ardelio Vargas trabajó como Delegado en Chiapas y Oaxaca y como Director de Investigación y de Seguridad del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen); fue Jefe del Estado Mayor y Comisionado de la Policía Federal Preventiva, responsable de los principales operativos en conflictos como los de San Salvador Atenco, Estado de México, y la APPO en Oaxaca, ambos en 2006, que derivaron en múltiples acusaciones de abusoscometidos por las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

Enrique Peña Nieto, a quien persigue la sombra de San Salvador Atenco, nunca se arrepintió de ordenar la represión en ese poblado, que sigue siendo una herida abierta. El caso valió una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando directamente a Ardelio Vargas, y en julio de 2012, en Nueva York, un informe ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), señalando, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres durante el operativo”.

El tema Atenco le reventó el pasado 11 de mayo a Peña Nieto durante su visita a la Universidad Iberoamericana Santa Fe, siendo candidato presidencial, que derivó en el nacimiento del grupo nacional estudiantil #YoSoy132.

En su primera declaración como Comisionado del INM, Vargas Fosado aseguró que “el fenómeno migratorio es un tema de seguridad nacional”, y que “se debe plantear de manera urgente, pero responsable, una amplia reforma migratoria acorde a una nueva realidad basada en el servicio y la atención al migrante”. Dijo también que habría que atender el tema de la inseguridad en aquellos lugares donde los grupos de migrantes han sido objeto de la delincuencia; combatir el tráfico y la trata de personas, realizados por los grupos de la delincuencia organizada.

¿Cómo interpretar no sólo estas declaraciones del nuevo titular del INM, sino su propio nombramiento a pesar de sus antecedentes? Puede ser un fuerte mensaje que perfile una política de criminalización de los migrantes, nacionales y extranjeros, que transitan por el territorio nacional y de quienes son repatriados del vecino país.

Ardelio está equivocado. El tema de la migración en México no es un asunto de seguridad nacional, quizá lo sea en los Estados Unidos, pero aquí es un tema social y de derechos humanos que tiene su origen en la desigual distribución de la riqueza. En el peor de los casos, el ingreso indocumentado al país es sólo una falta administrativa. O quizá habría que distinguir las cosas.

Asuntos de seguridad nacional –que no atiende el INM- lo son entre otros el tráfico de drogas, de armas, *de personas, la trata y el terrorismo, no los migrantes, no la política migratoria. Si bien hay deportados que son criminales de alta peligrosidad, la gran mayoría de los migrantes son víctimas de la delincuencia organizada y de violaciones a sus derechos humanos por autoridades mexicanas y estadunidenses, incluidos derechos económicos, sociales y culturales.

Para diferenciarse del régimen de Felipe Calderón, se debe dejar de hacer lo posible y hay que ¡HACERLO POSIBLE!

*La labor excepcional de los Grupos Beta, que en los últimos años se ha devaluado, es salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio y los derechos de los migrantes, no asegurar a indocumentados ni perseguir a traficantes.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

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