Declaración Oral
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
31° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

ITEM 3 – Segmento con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Saludamos el informe del Relator Juan Méndez y coincidimos en que es fundamental integrar la perspectiva de género en cualquier análisis de la cuestión de la tortura a fin de que se reconozcan, atiendan y reparen las violaciones a derechos humanos relacionadas a la discriminación y la violencia contra la mujer.

En México, como Usted lo pudo constatar, el uso de la violencia sexual como forma de tortura, es una práctica recurrente.

Las personas detenidas en México se enfrentan a un mayor riesgo de tortura o malos tratos durante el primer período después de su detención. Este es el momento en que las personas tienen más probabilidades de ser presionadas y obligadas a confesar delitos o proporcionar información sobre determinados actos y personas. Durante este periodo, las mujeres son más vulnerables al abuso sexual y otras formas de violencia contra la mujer.

No obstante, es común que la violencia sexual se entienda como un hecho distinto a la tortura en el país, aun cuando es evidente que ésta puede ser un medio para infligir dolor o sufrimiento con el fin de obtener información o producir pruebas.

Hemos documentado con otras organizaciones mexicanas que la mayoría de los casos de tortura sexual, no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad. Además, las víctimas son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.

Esta preocupante situación en México se inscribe en una política de seguridad que ha creado un sistema que permite la tortura, en gran medida gracias a la impunidad.

De acuerdo a cifras oficiales, en México de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha recibido 4,055 denuncias de tortura, de las cuales 1,273 son atribuibles a personal militar. De los casos denunciados, 1,884 fueron investigados, sin embargo sólo 11 casos fueron llevados ante instancias judiciales.
Sr. Presidente,

Solicitamos respetuosamente al Sr. Juan Méndez y a los países del Consejo a fomentar la cooperación internacional para que México cuente con un mecanismo de composición internacional para que las autoridades de procuración de justicia puedan y quieran investigar la tortura.

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