Intervención de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Agradecemos el informe de la Relatora Especial sobre los desplazados internos, así como su cercano seguimiento a la situación en México.

El desplazamiento interno forzado, es un problema creciente en México. A pesar del reconocimiento gubernamental del fenómeno en abril de 2019, todavía no existe un diagnóstico formal de la problemática, ni políticas públicas especializadas para atender a las personas desplazadas de manera integral, de forma que la población aún se encuentra invisibilizada y desatendida.

Tan solo en el 2019 hemos identificado 27 episodios de desplazamiento interno en ocho estados del país, los cuales afectaron al menos 8 mil personas.

Así mismo, el desplazamiento afecta a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este año, por ejemplo, la organización CIMAC registró seis casos de mujeres periodistas que han tenido que desplazarse, agudizando los impactos derivados de su profesión y condición de género.

Señora Relatora, desde que inició la emergencia sanitaria persisten los ataques armados por parte de grupos paramilitares a comunidades desplazadas en el estado de Chiapas, impidiendo que éstas puedan buscar un alojamiento seguro, cultivar sus tierras, tener una fuente de ingresos que les permita subsistir y seguir las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus. Por otra parte, en el estado de Guerrero, al día siguiente del inicio de las medidas oficiales para combatir la COVID-19 en el país, la violencia desplazó a alrededor de 800 personas, elevando el riesgo de la comunidad ante la COVID-19, además de los impactos en términos de acceso a la alimentación, a una vivienda adecuada, al agua potable y a servicios de salud. 

Señora Relatora, le solicitamos siga asistiendo al Estado mexicano para responder a los impactos desproporcionados de la pandemia de COVID-19 sobre la población desplazada.

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