• Omisiones y violaciones a derechos como la integridad, libertad, vida, salud, trabajo, seguridad social y a la vivienda digna en el contexto de la pandemia. 
  • Sin respuestas efectivas desde el poder judicial. Autoridades omisas en cumplimento de ordenamientos judiciales, entre las que destacan el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Consejo de Salubridad.
  • Durante la pandemia México continuó recibiendo población migrante expulsada desde EUA, sin las medidas de salud adecuadas.

Ciudad de México a 14  de octubre de 2020.- Más de 24 organizaciones de la sociedad civil y albergues presentan el “Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México”, que recoge las necesidades y principales violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes y sujetas de protección internacional en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus.

El Informe visibiliza los graves riesgos en que se encuentran las personas migrantes y las omisiones de las autoridades, en 5 grandes ejes: 1. Detenciones en estaciones migratorias; 2. Población expulsada desde Estados Unidos y retornadas a México bajo el Protocolo “Quédate en México”; 3. Acceso a la justicia para la población migrante y sujeta de protección internacional; 4. Necesidades de los albergues para personas migrantes; y 5. Regularización migratoria. 

A través de este Informe, las organizaciones exigen diversas peticiones a las autoridades mexicanas y al gobierno estadounidense, para que tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger la vida, integridad y salud frente a la pandemia que acosa a una de las poblaciones más vulnerables, las personas migrantes y refugiadas. Al Instituto Nacional de MIgración (INM) se le solicita liberar a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, a través de un mecanismo coordinado de alternativas a la detención; suspender las detenciones para evitar riesgos de contagio por COVID-19; regularizar la situación migratoria de la población migrante detenida por razones humanitarias; evitar controles migratorios y otras medidas intimidatorias que desincentivan el acceso a instituciones de salud por parte de las personas migrantes, entre otras.

Mientras que a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General le piden garantizar el acceso a la salud a las personas migrantes, en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivos de nacionalidad o condición migratoria; acceso gratuito a la atención médica adecuada y suficiente, así como a los medicamentos necesarios, particularmente en casos de COVID-19.

Las organizaciones y albergues que suscriben el Informe exigen a las autoridades federales y locales el cumplimiento de las peticiones contenidas en el documento, así como establecer mesas de seguimiento a fin de definir acciones y mecanismos idóneos para atender las necesidades de la población migrante derivadas de la pandemia.

En el Informe, también, se documenta que entre abril y mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana promovieron diez amparos para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los cuales siete fueron favorables a la población migrante, no obstante han sido incumplidos sistemáticamente por las autoridades mexicanas, principalmente por el INM y el gobierno federal, restando importancia a la figura del juicio de amparo al no cumplir con su finalidad, la protección. 

En algunos casos, jueces que pudieron proteger a la población migrante y solicitantes de asilo no lo hicieron, desechando amparos y evadiendo su responsabilidad; o situaciones donde no se han dictado todas las medidas, por parte del poder judicial, para hacer cumplir sus resoluciones.

Por otro lado, desde marzo de este año las expulsiones de personas migrantes desde EUA a diversos países de la región no han parado, pese a los brotes de COVID-19 dentro de los centros de detención migratoria estadounidenses. Existen casos de personas con coronavirus expulsadas a sus comunidades, incluido México, sin protocolos de salud y sin dar aviso oficial para evitar contagios. 

A ello se suma la suspensión por tiempo indefinido de las audiencias ante las cortes estadounidenses que no han permitido continuar con la revisión de casos de personas solicitantes de asilo en ese país que bajo el Protocolo “Quédate en México” son regresadas a territorio mexicano a esperar sus procesos. Esta población enfrenta múltiples situaciones de vulnerabilidad como los casos de mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud, o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada.

Las organizaciones parte del Informe solicitaron audiencia a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de Salubridad, entre otras autoridades, para presentar los hallazgos del Informe, establecer vías de colaboración para el cumplimiento de las peticiones, e impulsar el diseño de políticas públicas idóneas para atender las necesidades de la población migrante durante la pandemia. No obstante la urgencia de la situación, las organizaciones están en espera de que las autoridades les den audiencia.

El Informe fue enviado a organismos internacionales que ya han establecido estándares sobre las obligaciones de los Estados para atender a las personas migrantes en el contexto de pandemia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, será enviado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y a otros organismos de Naciones Unidas, para que soliciten información al Estado mexicano y establezcan mecanismos de monitoreo y seguimiento para vigilar el respeto y protección de los derechos a la vida, salud, integridad y libertad, entre otros, de las personas migrantes en México durante la pandemia de COVID-19. 

Esta pandemia no conoce de fronteras ni de estatus migratorio. La lucha contra el coronavirus no la vamos a ganar ignorando esta situación. Al contrario, la omisión en la protección de la salud de las personas migrantes en el país es la mejor aliada para su propagación.

Consulta el informe

Más información:
Jazmín Reza
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
comunicacion@fundacionjusticia.org
Cel. 55 4038.9762

Diana Baptista
Asylum Access México
diana.baptista@asylumaccess.org

Leticia Durán
Alma Migrante, AC (Tijuana)
comunicacion@almamigrante.org

Conferencia de prensa

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