Comunicado de prensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares en favor de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, defensoras de Derechos Humanos amenazadas por su labor de acompañamiento a familiares y víctimas de tortura bajo períodos de arraigo en instalaciones militares en Tijuana, Baja California.

Silvia Vázquez[1]y Blanca Mesina[2]han sido víctimas de actos de hostigamiento y amenazas, por su labor de defensa y acompañamiento a familiares y víctimas de tortura bajo arraigo en instalaciones militares en Tijuana, Baja California, entre los que destacan: llamadas telefónicas amenazantes contra ellas y sus familiares, seguimientos, vigilancia de parte de policías municipales, y más recientemente, amenazas de muerte contra Blancay su familia, a quien luego de seguirla se le dijo: “es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento, es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”.

Ante las reiteradas amenazas contra las defensoras, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) remitieron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales fueron otorgadas con fecha 4 de junio del presente año.

La CIDH solicitó al gobierno mexicano:

• * Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de  Blanca Mesina Nevarez, Silvia Vázquez  Camacho y sus familias;
• * concertar las medidas a adoptarse con Blanca y Silvia y sus representantes;
• * informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares; y
• * presentar la información de cumplimiento con las medidas adoptadas en un plazo no mayor a 20 días y actualizar dicha información de manera periódica.

Además, solicitó a las organizaciones peticionarias informaciones adicionales sobre los elementos de gravedad, urgencia y necesidad a fin de evitar daños irreparables; y recordó que en caso de considerar que la situación presentada pudiera configurar una violación a un derecho humano protegido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pueden presentar una petición individual en términos del artículo de su Reglamento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CCDH y la CMDPDH se congratulan por la solicitud que la CIDH ha hecho al Estado mexicano y hace un llamado al mismo para que las cumpla en tiempo y forma, considerando además que las medidas otorgadas por la CNDH en favor de las defensoras no han funcionado de manera eficaz, permitiendo así que se siguieran registrando actos de hostigamiento y amenazas.

Finalmente es importante recordar que el 25 de mayo del presente año, por medio de una carta firmadapor José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de HRW, dirigida a Francisco Gómez Mont, exhortó al Gobierno Mexicano a que se transfiera la responsabilidad de la aplicación de las medidas cautelares en favor de Silvia y Blanca a la policía federal, dada la insuficiencia del estado de Baja California para garantizar la seguridad y la vida de las defensoras.

En este sentido, el 21 de mayo pasado, el Observatorio conjunto de la FIDH y la OMCT, difundió una Acción Urgente en seguimiento a la emitida el  03 de marzo del presente año, dadas las reiteradas amenazas contra las defensoras, en la que instó al Estado mexicano a que se adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de Blanca y Silvia así como de sus familiares; se realice una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas registradas; se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra las defensoras y sus familiares; y, finalmente, asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1998 por la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, el 24 de mayo pasado, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, en seguimiento a la difundida el 03 de marzo de 2010, en la que se solicita al Estado mexicano la protección inmediata de las defensoras y sus familiares y la investigación de los hechos de hostigamiento y que los responsables comparezcan ante la justicia; además, recordó la obligación que guarda el Estado mexicano de garantizar que los defensores y defensoras de Derechos Humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.

Finalmente, WOLA, por medio de una carta dirigida a Francisco Gómez Mont, con fecha del 6 de mayo del presente año, instó al Estado mexicano a que, ante la continuidad de los actos de hostigamiento y amenazas contras las defensoras, cumpla las medidas cautelares en favor de las mismas y a que se investiguen oportuna, imparcial y exhaustivamente los hechos referidos, incluyendo la investigación de funcionarios públicos posiblemente implicados en los mismos.

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