Participación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) en el marco de la consulta pública sobre la Ley de Seguridad Nacional
Seguridad con derechos humanos, democracia y desarrollo
Una visión de la Ley de Seguridad Nacional desde la seguridad ciudadana Exposición rendida en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos , A.C. (CMDPDH) por Silvano Cantú, Director de Incidencia e Investigación, ante los integrantes de las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional de la H. Cámara de Diputados el jueves 9 de junio de 2011
En primer término, consideramos un paso importante dado por la Cámara de Diputados, y en particular por las Comisiones involucradas en la dictaminación de la reforma de Ley de Seguridad Nacional (LSN), el hecho de abrir este proceso de consultas públicas para que toda normatividad emanada del Legislativo sobre una materia tan sensible y delicada no se haga a espaldas de la sociedad civil. Esperamos que este diálogo sea útil, provechoso y sobre todo efectivo, lo cual sólo podrá resultar de una actitud abierta, franca y de auténtica receptividad sobre las opiniones que aquí han sido y están siendo comentadas. Por lo que hace a las formas se ha avanzado; esperamos sinceramente que también el fondo satisfaga la legítima aspiración de contar con un derecho democrático en los procedimientos de producción normativa y en los contenidos.
Comenzaremos con una breve consideración del contexto en que se discute la LSN. El momento que vive el país es crítico en prácticamente todos los rubros. México es un país en el que el 42.6% de los habitantes carece de los ingresos suficientes para cubrir sus gastos de alimentación, salud, vestido, vivienda y transporte. El 54% de las y los mexicanos son pobres, según cifras del Banco Mundial. Además de la lacerante pobreza del país, destaca la desigualdad en el ingreso, la impunidad y la corrupción como constantes estructurales y una ola de violencia que ha experimentado un incremento alarmante desde 2007. Con el trasfondo estructural nacional, llama la atención, sin embargo, que las políticas públicas, particularmente las diseñadas e implementadas por el gobierno federal en materia de seguridad, carezcan de una atención amplia e integral para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad y hallar soluciones que involucren el combate a la pobreza, la corrupción y la impunidad, y no solamente el uso de la fuerza.