Por Isis Hernández*

Las vidas de 25 familias de Tijuana cambiaron para siempre desde marzo de 2009. Después de haber dedicado años – algunos hasta décadas – de su vida al servicio de la policía municipal de Tijuana, Baja California, 25 padres de familia fueron detenidos arbitrariamente, torturados y amenazados para que confesaran crímenes que no habían cometido.

Desde su inicio, el proceso en contra de los 25 policías de Tijuana estuvo plagado de irregularidades. La primera violación a sus derechos se realizó desde la detención efectuada en marzo de 2009, ya que al iniciar sus labores como policías municipales, recibieron órdenes de sus superiores para que comparecieran ante autoridades ministeriales a declarar, presentándose en ese momento varios elementos del Ejército a fin de someterlos.

Posteriormente y sin dar explicación alguna de las razones de su detención, el Teniente Coronel Julián Leyzaola, en ese entonces director de la policía municipal de Tijuana, ordenó su traslado a las instalaciones del 28º Batallón Militar.

Ninguna de las detenciones se realizó con la orden de aprehensión correspondiente, a pesar de que los policías, quienes tienen conocimiento de la ley, lo exigieron al momento de su detención. Incluso algunos de los policías fueron amenazados con que los elementos del Ejército irían a detenerlos a sus domicilios si no accedían a ir en ese momento con ellos.

Los agentes fueron trasladados uno a uno por individuos con pasamontañas hasta las instalaciones militares de Tijuana donde fueron vendados de los ojos, amarrados e incomunicados. A pesar de que se encontraban relativamente juntos, no se les permitió hablar entre ellos.

El caso de los 25 policías es particularmente grave por la tortura cruel y sistemática que se aplicó en contra de todas las víctimas, con un visible abuso de poder. Todos ellos que fueron sujetos a distintas torturas como asfixia con bolsas de plástico, golpes en las plantas de los pies con tablas de madera, choques eléctricos en todo el cuerpo incluyendo los testículos, ahogamiento en baldes de agua y amenazas constantes de muerte. Por otra parte, la única agente de policía del sexo femenino sufrió torturas distintas a las de sus compañeros y generalmente de carácter sexual como tocamientos, agresión verbal e insinuaciones sexuales.

La razón principal de estas torturas fue fabricar declaraciones y evidencias en contra de los detenidos y solicitar una orden de arraigo que permitiera que los agentes continuaran bajo custodia por 40 días. Un primer arraigo que incluye la posibilidad de ser ampliado por un plazo adicional de 40 días. Posteriormente al arraigo, los agentes fueron trasladados a Tepic, Nayarit, donde a pesar de declarar que fueron torturados para que emitieran declaraciones autoinculpatorias se inició el proceso penal en su contra.

En agosto de 2010 trece de los 25 agentes fueron liberados, ya que no había evidencia que los incriminara. Estos agentes perdieron un año y 5 meses de su vida sin ser indemnizados o que se les diera disculpa formal. Más aún,el 4 de octubre de 2012 el resto de los agentes igualmente fueron liberados, cuando el juez de la causa dictó sentencia absolutoria. Así, el segundo grupo de agentes policíacos que fueron acusados falsamente y torturados, vivieron 3 años y 6 meses privados de su libertad acusados de crimen que no cometieron.

Si no fuera suficiente lo que vivieron los agentes en prisión, muchos de ellos han sufrido efectos secundarios de estas acusaciones falsas y han sido etiquetados como delincuentes, lo cual ha dificultado su posibilidad de conseguir empleo y los consiguientes problemas económicos que esto genera.

Además, muchos de los policías se sienten decepcionados por las autoridades de su ciudad. Estas les utilizaron para fabricar culpables y así aparentar que están ganando la guerra contra la delincuencia organizada. Estos policías fueron estigmatizadas como cómplices del crimen organizado y cuyas denuncias por tortura fueron ignoradas. Aquellas organizaciones que denunciaron los maltratos y defendían los derechos de estos 25 policías fueron hostigadas y difamadas, como se muestra en la declaración del Teniente Julián Leyzaola, señalado por todos los implicados como principal artífice de esta grave violación (Ver minuto 4:35 del reportaje de la cadena KPBS)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 87/2011 a favor de las víctimas y sus familiares, denunciando «la violación de los derechos humanos a la libertad personal, a la seguridad e integridad personal, al trato digno y a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia por hechos violatorios consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, tortura y atentados contra la libertad sexual, por elementos del Ejército Mexicano.»

A pesar de que la recomendación 87/2011 fue emitida en diciembre de 2011, a la fecha los esfuerzos para cumplir con dicha recomendación han sido prácticamente nulos. Como consecuencia, en octubre de 2012 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste han afirmado que denunciarán los hechos ante instancias internacionales, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy en día, muchos de los agentes policíacos tienen secuelas físicas y psicológicas de la tortura sufrida. Las víctimas piden una reparación integral para ser reinstaladas en sus empleos y otras compensaciones que les corresponden. Ante todo, las víctimas piden una disculpa pública por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y otras autoridades estatales y municipales para que se les reivindique como miembros honorables de la sociedad y policías honestos.

* Abogada de la CMDPDH.