El acceso a la justicia en México sigue un reto para el respeto de los derechos humanos. La tortura continúa siendo una herramienta utilizada para obtener confesiones, el debido proceso no es debidamente respetado y una gran cantidad de medidas excepcionales permanecen vigentes, obstaculizando el derecho que tiene toda persona de acceder a la justicia.
Por ello la CMDPDH trabaja para garantizar la adecuada implementación de la reforma al sistema de justicia penal que busca fortalecer la administración y procuración de justicia, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a la reparación a todas las víctimas.
Actualmente más de 60.000 elementos de las Fuerzas Armadas desempeñan tareas de seguridad pública a lo largo del país. Militares en activo han sido designados para dirigir corporaciones de seguridad pública, realizando labores que corresponden a autoridades civiles.
En este contexto, el Ejecutivo Federal ha impulsado un régimen de excepción para combatir la delincuencia organizada basada en detenciones arbitrarias, cateos injustificados, empleo abusivo de testigos protegidos y uso excesivo del arraigo, por la cual una persona puede ser privada de su libertad hasta por 80 días sin cargos claros en su contra.
La CMDPDH, cuyo eje sea el respeto a los derechos humanos, trabaja para impedir la militarización de la seguridad pública, proponiendo un esquema de seguridad ciudadana. Asimismo, la CMDPDH denuncia las medidas arbitrarias y contrarias a los estándares internacionales, con miras a la aplicación de un sistema de justicia que respete y garantice el acceso efectivo a la justicia.
En México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables.
Por otro lado, el uso indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que violaciones de derechos humanos permanezcan en la impunidad. Asimismo, los crímenes cometidos en el pasado tampoco han sido esclarecidos y los responsables no han sido aún sancionados.
El Caso Rosendo Radilla es un ejemplo paradigmático de esto. A más de 30 años de su desaparición, y después de una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado no ha sancionado a los responsables ni esclarecido el paradero del líder campesino desaparecido por elementos del ejército mexicano.
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Los últimos años han registrado una escalada en el número de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. El riesgo por ejercer su profesión es cada vez mayor debido al contexto de violencia generalizada en México.
Entre 2006 y 2011, al menos 61 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas y otras 4 desaparecidas. Por otro lado, los ataques y amenazas en su contra han mostrado un aumento sostenido cada año.
Desde la CMDPDH hemos impulsado junto con diversas organizaciones de la sociedad civil la creación de un Mecanismo de Protección eficaz para defensoras y defensores de derechos humanos. En el mes de abril de 2012, el Congreso aprobó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual contempla acciones de prevención y protección para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad. Estamos atentos a su debida implementación
En México la violencia contra las mujeres alcanza niveles inaceptables. Entre enero de 2010 y junio de 2011, tan sólo en 8 entidades federativas se han registrado 1,235 mujeres víctimas de presuntos feminicidios. La CMDPDH busca visibilizar la violencia sistemática contra las mujeres, para incidir en la generación de políticas públicas con perspectiva de género y que el Estado cumpla con sus obligaciones de prevenir, identificar y sancionar la violencia de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
La CMDPDH es una de las organizaciones fundadoras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red compuesta por 49 organizaciones, de 18 estados de la República, cuyo eje de trabajo es el monitoreo y documentación de casos de feminicidio en México.