El día 6 de junio de 1990, poco después del asesinato de la distinguida abogada sinaloense y defensora de los derechos humanos Norma Corona, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial anunciando la creación de una «Comisión Nacional de Derechos Humanos».
El nuevo organismo, encargado de «proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos», según anunciaba el decreto en cuestión, se estableció en un contexto político caracterizado por presiones internacionales motivadas por el deterioro creciente de las garantías individuales, sociales y políticas en México, y en el umbral del inicio formal de las negociaciones del gobierno mexicano para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Su creación respondió entonces al vasto movimiento de defensa de los derechos humanos, sostenido en las últimas décadas por la sociedad civil.
Han transcurrido casi dos años desde entonces y, fieles a nuestra convicción de que la tarea de defender y proteger los derechos de los mexicanos es una obligación del Estado y una función de la sociedad, la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, inició al poco tiempo una labor sistemética de analísis y seguimiento del desempeño de esa novedosa institución. Los resultados de la investigación, recogidos en este libro, reafirman nuestra postura inicial y desean presentar a la opinión pública, con la mayor objetividad posible, los alcances y limitaciones de una dependencia oficial creada para combatir la impunidad de quienes transgreden la ley y violan los derechos humanos.
Presentación por Mariclaire Acosta, Presidenta de la CMDPDH , A.C.
Diciembre de 1991
Autores: Jorge Luís Sierra Gúzman, Dr. Rafael Ruiz Harrell, Dr. José Barragán
[note]Documento disponible para consulta en nuestra oficina[/note]
