• Las iniciativas recientes sobre el arraigo, presentadas a nivel federal y local, incumplen con obligaciones de México en materia de derechos humanos.
• Los legisladores buscan reducir el plazo máximo del arraigo, cuando a nivel internacional se ha instado a México a eliminar la figura por ser arbitraria.
La figura del arraigo fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida cautelar federal preventiva para privar de la libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado. Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica, se utiliza como una pena anticipada dirigida en contra de una persona por el simple hecho de estar siendo investigado.
Al respecto, Octavio Amezcua, director del Área de Defensa de la CMDPDH, recalcó: “Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola los derechos a la libertad, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. Además, amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
La CMDPDH señala la falta de congruencia en el Distrito Federal, donde un gobierno que ha favorecido las libertades y los derechos fundamentales se muestra reticente a eliminar una figura que a todas luces resulta contraria a los derechos humanos. A pesar de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de múltiples recomendaciones internacionales, la ALDF continúa negándose a avanzar hacia la eliminación del arraigo.
Al respecto, Daniel Joloy, coordinador de Incidencia Internacional de la CMDPDH, recordó que “las violaciones de derechos humanos derivadas del uso del arraigo han llevado a diversos organismos internacionales de derechos humanos a criticar esta figura. A la fecha, México ha recibido nueve recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos señalando la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación y de la práctica, tanto a nivel federal como estatal, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”
Agregó que “las recomendaciones internacionales sobre el arraigo han estado también dirigidas a las entidades federativas, obligaciones que ahora el Distrito Federal parece ignorar.»
“La figura del arraigo en sí misma viola los derechos humanos, independientemente de su duración o fundamentación. Las iniciativas presentadas para reducir el plazo máximo del arraigo no atienden las recomendaciones internacionales sobre la figura del arraigo, pues no se trata de la simple revisión de la figura o reducción en su uso, sino la eliminación por las violaciones a derechos humanos que conlleva de forma estructural”, concluyó Daniel Joloy.
Para mayores informes:
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Tehuantepec 142 Col. Roma Sur
México D.F. 06760
(55) 55642582 ext. 111