La reforma constitucional aprobada en febrero de 2014 fue internacionalmente reconocida como pionera en materia de transparencia, la cual aumentó la autonomía del Instituto Federal de Acceso a al Información y Protección de Datos (IFAI), se incorporaron nuevos sujetos obligados, entre otras medidas progresivas y con la misma tendencia de apertura que México había mostrado desde 2011 con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa para promover la transparencia gubernamental.En ella se estableció la necesidad de publicar una nueva Ley General de Transparencia. En el proceso de la construcción de la iniciativa de Ley, el Senado de la República en colaboración con organizaciones de la sociedad civil desarrolló en diciembre una iniciativa de Ley General de Transparencia que ampliaba considerablemente la protección del derecho al acceso a la información.  Sin embargo, durante el mes de febrero el Senado recibió propuestas de modificación por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Las propuestas de modificación representan una regresión en materia de transparencia, de igual manera resulta principalmente preocupante la propuesta de modificación al artículo 115 que prevé que no se puede invocar el carácter de reservado a la información que se trate de violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.  La propuesta de modificación señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe calificar la violación como grave o no antes de transparentar la información.

Es necesario subrayar que la determinación de violación grave no recae en el criterio de una autoridad, sino en la naturaleza misma de la violación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que tienen carácter de violaciones graves la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura y el desplazamiento interno forzado, entre otras.  La propuesta de otorgar facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para calificar de grave o no una violación es regresiva.

Tras las audiencias, se prevé que los diputados de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos acuerden durante esta semana un ante proyecto que sería presentado el próximo lunes 9 de marzo. La CMDPDH hace un llamado para que este ante proyecto mantenga el espíritu de la iniciativa propuesta en diciembre por las organizaciones y el Senado, dando prioridad a la protección al derecho de acceso a la información, rechazando toda medida regresiva por razones de seguridad pública o nacional.

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