México, D.F. a 10 de marzo de 2015.- El día de ayer el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, presentó su informe elaborado tras la visita a México que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que afirma que la tortura en México es generalizada.

En el informe el Relator resaltó que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública, señaló que a partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” se ha registrado un aumento de las quejas por tortura y malos tratos. Asimismo, enfatizó que la militarización de la seguridad pública se mantiene como una estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles.

Ante las denuncias verosímiles recibidas de diversos actores de la sociedad civil, el Relator concluyó que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Refirió a “la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.”  El Relator denunció que existe una tendencia a calificar estos actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público.

De igual manera, se recomendó “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos”.  El Relator identificó “fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad” ya que en varias ocasiones “los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias” o bien “reiteradamente las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla”.

En este sentido, resulta preocupante que tras la presentación del informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresara su rechazo a la aseveración del Relator sobre el carácter generalizado de la práctica de la tortura en el país y no ofrezca una explicación verosímil del incremento de las quejas que se han presentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del elevado número de averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República. Si el Gobierno del Presidente Peña Nieto no reconoce que se trata de un gravísimo problema será muy difícil poder instrumentar políticas efectivas para su total erradicación.

El Relator reiteró la incompatibilidad del arraigo con los derechos humanos, y observó la tendencia  “a detener para investigar, en lugar de investigar para detener”, por lo que recomendó la eliminación de la figura del arraigo, así como figuras similares como la detención con control judicial. Igualmente, constató un uso laxo e indebido del concepto de flagrancia, con la existencia de la flagrancia equiparada y su abuso para las detenciones sin orden judicial.

Con el fin de contribuir a la erradicación de la tortura, el Relator recomendó al Estado mexicano crear una Ley General que tipifique en toda la República el delito de conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles. Asimismo, recomendó la investigación imparcial, independiente y exhaustiva de los actos de tortura, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia para asegurar que los responsables sean sancionados penal y administrativamente.

La CMDPDH hace un llamado a tomar acciones consistentes ante la alarmante situación de la tortura, instando al gobierno mexicano a adoptar las recomendaciones del Relator Especial que además son complementarias con las recomendaciones emitidas por el Comité de Desaparición Forzada en febrero de 2015, las surgidas del Examen Periódico Universal de 2013, así como las emitidas por el Comité Contra la Tortura en 2012.

Es importante destacar que no es posible erradicar la práctica de la tortura si las autoridades correspondientes se niegan a admitir la dimensión de ésta.  Es urgente que México reconozca el carácter generalizado, e incluso sistemático de la tortura en el país para erradicar esta terrible práctica.