La labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática, por lo que las agresiones contra las personas que integran estas poblaciones (ya sea cometidas por particulares o por agentes del Estado), constituyen ataques contra los derechos de toda la población. Así, en la medida en que éstas generan un efecto inhibidor de la defensa de derechos humanos, restringen el acceso a la información y participación, además de dificultar el goce efectivo de los derechos que las y los defensores defienden; puede afirmarse que la sociedad en su conjunto se ve seriamente afectada por esta violencia.

A pesar de que México ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo normativo internacional y ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales, incluyendo la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores, así como periodistas, es sumamente palpable en México.