Los últimos seis años han visto una escalada en el número de agresiones y amenazas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en México. La situación de violencia en el país, así como el consecuente aumento de violaciones graves a los derechos humanos a raíz de la estrategia de combate a la delincuencia organizada emprendida por el Presidente Calderón desde 2006, ha elevado el riesgo de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en México.
Las y los defensores de los derechos ambientales han enfrentado un riesgo particular, especialmente en aquellas regiones en donde grandes corporaciones multilaterales han emprendido diversos mega proyectos de desarrollo. Entre enero de 2009 y diciembre de 2012, al menos 51 agresiones en contra de defensores y defensoras del ambiente han sido documentadas; en 23 de estos casos las y los defensores fueron asesinados, y 2 más permanecen desaparecidos. Los abusos en contra de las personas defensoras de derechos humanos se dan en un contexto de criminalización y estigmatización por parte de autoridades de alto nivel, y son cometidas en muchas ocasiones con la anuencia del Estado.
El objetivo de este escrito es proporcionar información relevante en relación a la situación de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en el marco de megaproyectos de desarrollo en México.
