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Informe de Incumplimiento de México a Obligaciones Derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada

Dic 15, 2022 | Informes, Publicaciones

La desaparición forzada de personas ha resurgido en México con una fuerza estremecedora desde que en 2006 que comenzó la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”. A diferencia de lo que se vivió en nuestro país en los años de la llamada Guerra Sucia en que las desapariciones se cometían con motivos políticos, hoy en día no solo se comete en contra de líderes sociales, activistas políticos o integrantes de grupos insurgentes, sino que se extiende a amplios sectores de la población.

Personas sin alguna militancia social o política, sospechosos por cualquier circunstancia o señalados por funcionarios públicos de los diferentes gobiernos de pertenecer a bandas del crimen organizado, han sido víctimas de desaparición forzada.

Con el inició de la “guerra” contra el narcotráfico por el ex presidente Calderón se le asignó a las fuerzas armadas -incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR)- un papel central en la estrategia de seguridad pública lo cual ha provocado un estado de violencia, impunidad y de violaciones graves a derechos humanos.4 Esta política ha superpuesto las premisas de la seguridad nacional o interior por encima de la vigencia de los derechos humanos; incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos.

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 140 recomendaciones contra las fuerzas de seguridad en el periodo 2006 – 2012. En 139 recomendaciones la SEDENA fue señalada como principal autoridad responsable, lo cual constituye un incremento considerable en los años 2009, 2010 y 2011, con 21, 19 y 23 recomendaciones respectivamente, con lo cual se duplicó el número de las recomendaciones emitidas en el 2008. En segundo lugar, se ubicó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPF) de la cual dependía la Policía Federal (ahora depende de la Secretaría de Gobernación) con 26 recomendaciones, la SEMAR con 19, y finalmente la Procuraduría General de la República (PGR) con 15 recomendaciones durante esos 6 años.

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