En el contexto actual de una elevada presencia militar en las calles, el aumento de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos castrenses es evidente. Su participación actual en labores de procuración de justicia y de seguridad en la estrategia de combate a la delincuencia organizada a través de patrullajes militares y retenes en calles y carreteras del país ha tenido un serio impacto en la vigencia de los derechos humanos.
Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se han incrementado en un 1,000% durante el último sexenio. Tan sólo en 2010 y 2011, una de cada tres quejas presentadas ante la CNDH fue en contra de la Secretaría de la Defensa o de la Marina.
A pesar de ello, las denuncias de dichas violaciones no son investigadas y hasta el momento no existe un sólo miembro de las Fuerzas Armadas condenado por un juez civil por estos hechos. Por el contrario, la jurisdicción militar continúa siendo aplicada para investigar las violaciones de derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar.
