La puesta en marcha del sistema acusatorio en México ha derivado en la transformación de todo el entramado institucional que gira en torno al sistema de justicia penal en el país. Esto implica, además de la transformación legislativa, la construcción de espacios físicos y la capacitación técnica en materia del sistema penal acusatorio; un cambio de mentalidad de aquellas personas que operarán el sistema y, con ello, la necesidad de la extensión del debido proceso a la etapa de ejecución penal. Esta transformación exige de las instituciones de justicia penal la adopción de una visión distinta sobre el objetivo de la pena.
La etapa de ejecución penal es la parte del proceso penal acusatorio en la que una autoridad judicial revisa que la sentencia emitida por un Juez durante el proceso penal se ejecute salvaguardando los derechos humanos de la persona sentenciada. Dentro de esta etapa también se incluyen: la aplicación de las penas alternativas a prisión y la concesión de beneficio de libertad anticipada.
La implementación del sistema penal acusatorio en México, contempla la reinserción social como una de las aspiraciones del proceso penal, reconociendo a las personas sentenciadas como sujetos de derecho y dejando atrás el paradigma de la readaptación social; según éste, las instituciones penitenciarias buscan únicamente “curar” a los autores del delito para hacerlos socialmente funcionales.
La colección de libros Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia: Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal consta de tres tomos:
- Ejecución penal en los estados de Oaxaca y Yucatán
- Impacto de la reforma penal en las medidas cautelares en Chihuahua y Estado de México
- El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica
