Empresas de armas con sede en Europa e Israel exportaron más de 238.000 armas de fuego a México para el uso de la policía estatal y municipal entre 2006 y 2018; durante ese periodo, la violencia estatal y los homicidios han aumentado drásticamente. Las armas se vendieron a la policía en cada uno de los 32 estados de la República mexicana. La gran mayoría de estas armas -más del 95%- se clasifican como “reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea” en virtud de la legislación mexicana, que restringe drásticamente la venta legal de armas a civiles.
Estas transferencias de armas no condujeron a una mayor seguridad para la población mexicana. México sufrió más de 276.000 asesinatos entre 2006 y 2019. El descubrimiento de fosas comunes en México se ha convertido en algo cotidiano: las autoridades han informado de 3.631 hallazgos desde el 2006. Se tiene registro de más de 73 mil personas reportadas como desaparecidas en México, de esas, más de 56 mil en la última década. Para noviembre de 2020, más de 37.000 cadáveres siguen sin identificar. Sumado a eso, la violencia ha desplazado por la fuerza a más de 346.945 personas desde 2006. Los homicidios con armas de fuego es el tipo de homicidio que más ha crecido en México desde 2007, tanto en hombres como en mujeres, constituyendo 70.8% de los homicidios dolosos en la primera mitad de este 2020.
En 2018, 6 de cada 10 mujeres asesinadas lo fueron con un arma de fuego, en promedio 5 mujeres al día privadas de sus vidas a balazos. Los homicidios con armas de fuego han aumentado más de seis veces con respecto a 2006, llegando en 2019 a una tasa de más de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Estos son, más de 24.000 homicidios que se cometieron con armas de fuego en 2019 -la cifra más alta desde que México comenzó a llevar registros en 1997- y a un ritmo que continúa en el 2020. En 2018 de los 18.9 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban un arma de fuego en casi uno de cada tres.
Defensores de la estrategia de seguridad militarizada suelen tratar de justificar la venta de armas a la policía en México como algo “necesario” para luchar contra los delitos violentos. Sin embargo, las y los mexicanos tienen menos confianza en la policía, que los residentes en casi todos los demás países del mundo estudiados por la organización Transparencia Internacional. La seguridad tampoco ha mejorado con el traslado de responsabilidades en materia de seguridad pública hacia el Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional militarizada.
Es importante señalar que cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, las armas de fuego se utilizan como instrumentos para facilitar la comisión de ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y desplazamientos forzados. Esto significa que las violaciones de los derechos humanos pueden implicar el uso indebido de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. Así pues, el Estado debe velar por el uso adecuado de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de la población.
Las policías locales de México han cometido graves violaciones de los derechos humanos, incluidas un gran número de desapariciones forzadas. Por mencionar algunos ejemplos: en Coahuila, durante 2011, alrededor de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas por el cártel de los Zetas en una acción de venganza. El cártel ordenó a la policía municipal que no interviniera. El evento, conocido como La Masacre de Allende (llamada así porque ocurrió en el municipio de Allende), tuvo lugar durante cinco días e involucró a otros tres municipios cercanos. Aunque los residentes hicieron numerosos llamados de ayuda, ninguna autoridad local o estatal respondió.
En Veracruz, al menos 202 personas fueron desaparecidas por agentes de la policía estatal durante el mandato del ahora acusado ex gobernador Javier Duarte,15 y se han documentado hechos similares en estados como Nuevo León16 y Zacatecas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 204 recomendaciones por graves violaciones de los derechos humanos entre enero de 2007 y junio de 2017, período en el que México libró una intensa “guerra contra las drogas”. La CNDH encontró a los militares (Ejército y Marina) responsables en más de tres cuartos (148) de estas recomendaciones. Por su parte, se iniciaron 34.920 investigaciones a nivel federal y estatal por torturas cometidas por agentes estatales entre 2006 y 2019.18 De ellas, los tribunales sólo dictaron sentencias en 43 casos, y aún menos condenas (18 a nivel federal).
