Graves incidentes violentos continúan teniendo lugar en México a unos niveles intolerables. Esto fue confirmado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de sus visitas a México en 2015. Estos organismos consideraron que la situación de derechos humanos en México es preocupante, especialmente para un país que no se encuentra inmerso en ningún conflicto armado.
La estrategia de militarización de la seguridad pública ha traído como consecuencia cifras alarmantes de asesinatos, tortura y desaparición forzada. Su carácter generalizado y sistemático, en contra de la población civil a través de la implementación de una política de seguridad encaminada al combate del narcotráfico de corte militar, reúne los requisitos para considerar que en México se cometen crímenes atroces que constituyen crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a mecanismos internacionales de derechos humanos, en México la tortura es una práctica generalizada que se utiliza para la obtención de confesiones, como método de investigación, utilizada desde la detención hasta la puesta a disposición de la
justicia. La impunidad de los homicidios es generalizada en muchas regiones del país y la situación de las desapariciones forzadas, también ha sido reconocida por este mismo Comité como generalizada.
El despliegue de elementos de las fuerzas armadas ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, facilitando la comisión de delitos como el asesinato, tortura y desaparición forzada usando como argumento la política de seguridad de corte militar dirigida al combate al narcotráfico. La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior no respeta la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país.
La impunidad en México es generalizada y es causa y consecuencia de los graves crímenes que se cometen en el país. No solo no existe una práctica de reconocimiento por parte del Estado de que se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos y crímenes atroces, sino que persiste una política de obstrucción a la justicia al no investigar, prevenir ni sancionar dichos crímenes. Esta desconfianza y estos altos niveles de impunidad se reflejan en que más del 90 por ciento de los crímenes en México nunca se han reportado a las autoridades, es decir que las cifras de desaparición forzada, tortura y asesinato pueden ser mucho más altas que las que se reportan en los informes oficiales.
