En diciembre del 2006 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció el inicio de una estrategia para combatir al crimen organizado que tuvo como uno de sus ejes centrales la militarización del país. Ello significó la salida de miles de soldados a las calles, en promedio se desplegaron 45 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante “SEDENA”) y 8 mil de la Secretaría de Marina (en adelante “SEMAR”) cada año; siendo el máximo despliegue justo los primeros meses de 2017 con 52,807 elementos de la SEDENA y 19,995 de la SEMAR. Además, la estrategia implicó la transferencia de soldados a la policía federal, incluso llegando ex militares o militares con licencia a ocupar el cargo en secretarías de seguridad pública estatales; la militarización de la seguridad pública estatal y municipal en algunas regiones del país y la realización de operativos conjuntos. Todo esto sin un marco legal que delimitara el actuar de las Fuerzas Armadas Mexicanas (en adelante “FAM”) y más aún, contraviniendo lo que marca la Constitución respecto de las facultades en materia de seguridad pública, exclusivas de la policía civil.
En ese contexto, se afirma que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad por actores estatales y no estatales. Es decir, se han cometido delitos que, por su gravedad, están contemplados en el derecho penal internacional (se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) y que cuando se cometen afectan a toda la sociedad en su conjunto. No son crímenes aislados, tienen la característica de cometerse de manera generalizada —es decir, que se dirigen hacia múltiples víctimas—, con patrones de actuación similares, es decir de forma sistemática —esto quiere decir, de conformidad con un plan o política, contra una población civil—.
Esa forma de combatir la delincuencia y concebir la seguridad ciudadana tuvo como consecuencia que se cometieran crímenes de lesa humanidad que se pueden agrupar de esta manera:
1) cometidos por militares,
2) cometidos por policías encabezados o adiestrados por militares,
3) cometidos por organizaciones delictivas,
4) cometidos por organizaciones delictivas en colusión con fuerzas de seguridad.
Este documento trata de la vida de 246 personas y sus familias, que son apenas una muestra de un número mayor de víctimas—en México el 92 por ciento de los crímenes, en promedio, no se denuncian—. Desde el año 2006, cuando se militarizó la seguridad pública del país, ha pasado más de una década y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto concluyeron sin castigar a los responsables de estos delitos. Y estos son los números:
En México, 234 mil 966 personas han sido asesinadas de manera violenta. El año 2017 es el más violento con 25 mil 338 homicidios, 18 mil 898 fueron ejecuciones del crimen.
Registros oficiales hablan de 34 mil 656 personas desaparecidas contra su voluntad, existen mil 197 denuncias por desaparición forzada de personas entre 2006 y 2016, solo está judicializado el 3.1 por ciento de las denuncias. Se han iniciado 78 investigaciones penales por desaparición forzada en contra de militares en la PGR y en la jurisdicción militar 31 soldados se les imputa ese delito.
Registros oficiales reportan 15 mil 848 investigaciones penales por tortura entre 2006 y 2016 en todo el país. Del 1° de diciembre de 2006 a diciembre de 2017 se tiene registro de 2,418 casos de tortura fueron cometidos por las FAM y puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”). Solo conocemos que existen en el fuero civil 5 sentencias definitivas sobre hechos de tortura que involucran a personal de la Sedena.
En México de 2009 a enero de 2017, 310 mil 527 personas han tenido que abandonar su hogar, su trabajo y sus rutinas como única alternativa para salvar su vida.
Cuando los soldados salieron a las calles lo hicieron con el amparo de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012. Este documento, que fue la materialización de una orden presidencial para combatir al crimen, exigía a los soldados dar resultados para demostrar la efectividad de dicha estrategia. La orden presidencial, que se hizo llegar a la tropa a través de los comandantes de Región, dio a los soldados “amplia libertad para el empleo de recursos”, “don de mando” para realizar “acciones contundentes” contra sus objetivos; les autorizó además realizar cateos, vigilar personas, casas, “aseguramiento de presuntos narcotraficantes” y, de forma excepcional, detener a personas en flagrancia. Así, del 2006 a marzo de 2017, 80 mil 259 personas fueron detenidas por soldados y marinos alegando supuesta flagrancia.
Algunos números sobre el actuar de las fuerzas militares a partir de la Directiva:
En el sexenio de Calderón un promedio de 27 mil soldados estuvieron involucrados en tareas de seguridad, como Operativos Conjuntos; en el sexenio de Peña Nieto el promedio fue de 26 mil. Llegando sólo en 2017 a un número máximo de 69,802 militares desplegados. Se tiene registro de al menos 47 Operativos Conjuntos en los que participó la SEDENA, varios de ellos vigentes hasta ahora.
Desde el 2006 al 2017, SEDENA registra 3 mil 966 enfrentamientos en los cuales murieron 3 mil 907 supuestos agresores. Por su parte, la Secretaría de Marina informó sobre 320 enfrentamientos en el que resultaron muertos 588 civiles supuestos integrantes de la delincuencia organizada. No tenemos conocimiento de que en alguno de estos casos haya habido juicios exitosos que determinen la responsabili- dad por las muertes de civiles.
Los ataques de militares y policías a la población civil se enfocaron en habitantes de sectores sociales precarios, que tenían pocas o ninguna posibilidad de defenderse. Ocurrieron en periodos concretos: durante operativos conjuntos o durante el mandato militar de policías locales; y tuvieron patrones similares de actuación —con algunas variantes— que ayudan a concluir que no se trató de casos aislados. Por ejemplo, las víctimas fueron detenidas y retenidas de manera ilegal, fueron torturadas durante la detención y fueron acusadas de pertenecer a grupos criminales. En algunos casos las víctimas fueron privadas de su libertad por meses o incluso años hasta que demostraron su inocencia. En otros, después de su detención, nunca se volvió a saber de ellas.
