En marzo del 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Article 19 sección México, organizamos en la Ciudad de México el “Seminario: Impunidad de ayer y hoy, experiencias del sur global sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes de Estado”. Entre otros, participaron miembros de organizaciones y universidades que conforman la Red Latinoamericana de Justicia Transicional (RLAJT). Los textos que integran esta obra son producto de las exposiciones de las y los expertos de los países miembros de la RLAJT.
Las ponencias que se presentaron y que se reproducen en este libro en un formato académico, contienen experiencias provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Uruguay, de la forma en que esas sociedades enfrentaron los crímenes atroces perpetrados en dictaduras militares, conflictos armados internos y/o democracias autoritarias, a través de políticas de justicia, verdad y memoria.
Los textos coinciden en que se trata de procesos de larga data, de largo aliento, que se construyen desde abajo, desde lo comunitario; pero de igual forma hacia afuera, hacia el diseño de la institucionalidad del Estado. En esos procesos se destaca el papel central de las víctimas y en cómo han generado cambios a nivel comunitario, social o incluso estatal. La lucha de las víctimas, las organizaciones y los sindicatos también impactaron en el ámbito internacional, al haber contribuido al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; que, a su vez, influyó en el avance de la justicia en los ámbitos nacionales.
La justicia en la región tiene una muy singular manera de entenderse. Si bien cotidianamente podemos decir que está cargada hacia la justicia penal; en la práctica, ante la escandalosa impunidad de los sistemas de justicia de varios países de la región, las víctimas han optado por acudir a instancias internacionales, específicamente las vinculadas a la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo ha condenado a los países por las graves violaciones a derechos humanos, sino que además ha reconocido el contexto en el que ocurrieron las mismas. Asimismo, ha desarrollado criterios para remover los obstáculos que encaran las víctimas para acceder a la justicia; por ejemplo, se ha pronunciado sobre los límites a las leyes de amnistía que fomentan el olvido y la impunidad, por considerarse contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Igualmente, ha sido relevante la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que permitieron una mayor participación a las víctimas y que, de alguna forma, han contribuido a que las investigaciones apunten a señalar a los máximos responsables de, entre otros, los crímenes atroces.
En el plano jurídico-político, las decisiones del Gobierno que buscan militarizar la seguridad pública y conceder privilegios a las Fuerzas Armadas, así como la expansión de la jurisdicción militar, se visibilizan como uno de los desafíos más importantes que se han enfrentado en la región. Resultan particularmente ejemplificativos los casos de Brasil y de México, en donde se cometen graves abusos contra la población civil, incluyendo defensoras y defensores de derechos humanos, por parte de las fuerzas armadas.
Es un común denominador que, en su mayoría, las poblaciones indígenas, campesinas y personas pertenecientes a zonas de escasos recursos sufran la violencia, y en quienes, en gran medida, se materializa la impunidad y sus consecuencias. Por ello, en países como Chile, Perú y Brasil se ha incluido en el análisis de la violencia el sufrimiento de estas poblaciones, a fin de alcanzar la justicia por los crímenes que se consumaron en su contra.
Por su parte, el desarrollo del derecho a la verdad como derecho autónomo cobra relevancia en las experiencias de América Latina, en donde podemos nombrar ejercicios para la construcción de la verdad que han nacido desde las víctimas organizadas, desde las partes en conflicto y desde el propio Gobierno.
La creación de comisiones de la verdad ha sido clave para el resarcimiento a las víctimas. Los objetivos de las investigaciones han sido diversos, al igual que su composición y fines. Algunas comisiones se centraron en conocer sobre asesinatos y desapariciones forzadas, dejando de lado las torturas. Otras reconocieron la existencia de un conflicto e identificaron a las víctimas del mismo, a la par que explicaron la complejidad del fenómeno de la violencia. El éxito o fracaso de las comisiones de la verdad tiene estrecha relación con su grado de legitimidad, no solo ante la víctimas, sino hacia la sociedad y los poderes públicos. En algunos lugares, las recomendaciones de las comisiones de la verdad se cumplieron, mientras que en otros se quedaron solo en el papel.
Las investigaciones de las comisiones de la verdad y sus narrativas se han transformado en ejercicios comunitarios para el reconocimiento de las víctimas, así como para la preservación de la memoria. El estudio de las dictaduras o de los conflictos armados en los programas educativos, en todos los niveles incluidas universidades, es una de las estrategias que se han impulsado para combatir el olvido. En los textos que se presentan, se destaca el rol de la justicia en la construcción de la memoria, específicamente de la memoria colectiva.
Otra situación que se analiza en esta obra son los impactos psicosociales de los crímenes atroces, en especial los ejecutados desde las estructuras del Estado, así como de los efectos que produce la impunidad en las vidas de las víctimas, en sus familias, la comunidad y en la sociedad en su conjunto. La vulne- ración de las normas que reconocen y protegen los derechos humanos, genera una desconfianza en la esfera individual y social en las instituciones, y en el largo plazo en la democracia y el Estado de derecho.
Además, el texto nos ofrece algunas experiencias positivas en materia de justicia provenientes de los esfuerzos de organización de las víctimas y sus familiares, incluso desde las propias familias de los responsables de haber cometido crímenes atroces durante la dictadura. Por ejemplo, en Argentina, algunas hijas e hijos de los perpetradores han rechazado los apellidos de sus padres.
Todas las experiencias que se incluyen en esta publicación, tanto las positivas como aquellas relativas a retrocesos, resultan de la mayor utilidad para quienes trabajamos en la búsqueda de justicia, verdad y reparaciones de los crímenes atroces que se han cometido en México en las últimas décadas. Particular pero no exclusivamente, desde diciembre de 2006 que se declaró la guerra contra las drogas, se han perpetrado miles de delitos como torturas, asesinatos y desapariciones, por autoridades y organizaciones criminales, como parte de sus respectivas políticas de seguridad y control territorial. En casi la totalidad de los casos prevalece la impunidad, pues las autoridades encargadas de la investigación de los delitos o de las faltas administrativas no han sido diligentes en llevar a juicio a los responsables, incluso como una forma de alentar su repetición.
