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Informe conjunto para tercer EPU de México 2018 – Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas

Dic 16, 2022 | Informes, Publicaciones

México ha acumulado cifras alarmantes de asesinatos, actos de tortura y desaparición forzada desde que el 11 de diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha una estrategia de guerra contra las drogas que ha sido continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Ello ha provocado una escalada de violencia en el país sin precedentes que ha producido un número indeterminado de víctimas directas e indirectas. Además, cientos de miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares como resultado de la violencia generalizada, los enfrentamientos armados y por las violaciones a los derechos humanos. Estos crímenes, constituyen crímenes de lesa humanidad ya que en algunas regiones del país hay elementos suficientes para afirmar que se cometen de manera generalizada y en ocasiones sistemática en contra de la población civil.

Desde el 2006 se han desplegado miles de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública y para emplear la fuerza letal militar en contra de quienes consideran son integrantes de las organizaciones criminales.i Esta política de estado, no fue acompañada de un marco legal que delimitara las funciones de las Fuerzas Armadas, provocando así una serie de abusos, incluidos crímenes atroces que en la abrumadora mayoría de los casos, siguen en la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a México constató que la militarización de zonas del país ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad.

A la par de esa impunidad selectiva, resultan alarmantes los índices de impunidad general en México. Según datos oficiales de 2016, el 93.6% de los delitos que se cometieron no fueron denunciados o bien no se inició una investigación. La falta de denuncia se debe principalmente a que la ciudadanía no confía en las autoridades o consideran que acudir ante ellas se trata de una pérdida de tiempo. Además, en el 49% de los casos en que se denunció el delito, la ciudadanía reportó que después de ello, “no pasó nada” o “no se siguió con la investigación”.

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