México ha acumulado cifras alarmantes de víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas en lo que se conoció como la “guerra contra las drogas”. Desde diciembre de 2006, el ex presidente Felipe Calderón desplegó a miles de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública y para emplear la fuerza letal en contra de quienes han sido considerados integrantes de las organizaciones criminales. La estrategia de seguridad ha provocado una escalada de violencia en el país sin precedentes que ha producido un número indeterminado de víctimas directas e indirectas; esto ha sido, en parte, por el despliegue de fuerzas armadas (FFAA) para ejercer tareas de seguridad pública. Anualmente se han desplegado en promedio más de 50 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y más de 8 mil de la Secretaría de la Marina (SEMAR) para el desempeño de tareas de seguridad pública. Luego de dos sexenios, la militarización en México sigue siendo utilizada como herramienta de seguridad pública, generando altos índices de violencia y violaciones graves a los derechos humanos. Es el caso que, en lo que va de 2019 se han desplegado ya 62 mil 954 militares – cifra que rebasa todos los años anteriores.
La preocupación por la situación de derechos humanos en México ha sido compartida por mecanismos internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de su visita a México en octubre de 2015, indicó que “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado, las cifras son, simplemente impactantes”. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a México constató que la militarización de zonas del país ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como de los niveles de impunidad.
No obstante, pese a la correlación entre la presencia de las fuerzas armadas y el incremento en las violaciones a derechos humanos, el modelo de militarización de la seguridad pública ha sido institucionalizado por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien a menos de un año de su administración creó una Guardia Nacional (GN). Esta institución se creó a través de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 26 de marzo de 2019. Dicha reforma establece que la Guardia Nacional será una fuerza de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, los artículos transitorios de la reforma evidencian el carácter militar de la misma, ya que la GN se compone de elementos militares, marinos y policías federales, y las FFAA participan en el diseño de su estructura, reglas y procedimientos.
La creación de la Guardia Nacional es una prueba de que, pese al reconocimiento por la actual administración de los altos y críticos niveles de violencia, el Estado mexicano sigue fallando en la adopción de medidas adecuadas y eficaces para prevenir, investigar y sancionar los crímenes atroces cometidos desde la implementación de una política de seguridad de corte castrense, así como de adoptar una política que priorice el acceso a la justicia, verdad, reparación integral y medidas de no repetición dirigida a las miles víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos.
Peor aún, la desconfianza en las instituciones y los altos niveles de impunidad han provocado que más del 90 por ciento de los crímenes no sean denunciados en México, es decir que las cifras de desaparición forzada, tortura y asesinato probablemente son mucho más altas que las que se reportan en los informes oficiales.
