México ha acumulado cifras alarmantes de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas en lo que se conoció como la “guerra contra las drogas”. Desde el 2006, el Presidente Felipe Calderón desplegó a miles de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública y para emplear la fuerza letal militar en contra de quienes consideran son integrantes de las organizaciones criminales. Tan solo en 2006, se desplegaron 37 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 4 mil de la Secretaría de la Marina (SEMAR) cada año, llegando a su máximo número en 2017 cuando más de 52 mil soldados y casi 17 mil marinos realizaban tareas de seguridad pública en distintas partes de país.
Luego de dos sexenios, la militarización en México sigue siendo utilizada como herramienta de seguridad pública, generando altos índices de violencia y violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura. La preocupación por la situación de derechos humanos en México ha sido compartida por mecanismos internacionales de derechos humanos, como de Naciones Unidas y del sistema interamericano en sus visitas a México, las cuales han confirmado la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Especialmente considerando que México no se encuentran en ningún conflicto armado reconocido, como lo han establecido la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH” o “Comisión Interamericana”) 5 luego de sus visitas a México en 2015.
En cuanto a la tortura, de acuerdo al ex-Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, ésta es una práctica generalizada que se utiliza para la investigación de delitos, para la obtención de confesiones e información incriminatoria. El Ex-Relator Especial estableció que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.”
