A pesar de toda la violencia documentada al menos desde 2006, la rendición de cuentas permanece prácticamente ausente. Como resultado, México ahora tiene la tasa más alta de impunidad de todos los países de América1. Mientras tanto, la militarización de la seguridad pública, una causa fundamental de la fuerza indiscriminada y extrajudicial infligida a la población civil continúa acelerándose.
El desencadenamiento de la “guerra contra las drogas” de México fue justificado por el entonces presidente Calderón como una medida urgente y temporal, pero, más de 10 años después, el gobierno continúa desplegando sus fuerzas armadas de forma masiva para llevar a cabo funciones de seguridad pública que son, de hecho, conferidas por la Constitución a las autoridades civiles.
La impunidad también se ha visto agravada porque, tal como es cada vez más evidente, muchos de los crímenes cometidos por cárteles han sido perpetrados en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la corrupción ha sido, desde hace tiempo, caracterizada como endémica: de acuerdo con la Encuesta de Corrupción Latinoamericana del año 2016, México ha sido catalogado como “uno de los cuatro países más corruptos” de la región2. En palabras de Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, “ [la corrupción] sigue siendo el pegamento que mantiene unido al establecimiento del país.”3 La corrupción es un término amplio que abarca una extensa gama de conductas.4 Si bien tanto México como la comunidad internacional han sido conscientes de la gravedad de esta crisis desde hace algún tiempo, se ha prestado poca atención a cómo los actos de corrupción, en particular el soborno de funcionarios públicos y agentes del orden por parte del crimen organizado, y la colusión que los fomenta, contribuyen a la comisión de crímenes atroces.
Como se explica en un estudio reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH): De la misma forma que no hay una, sino múltiples expresiones de la corrupción, también hay diferentes niveles. Por ejemplo, habrá corrupción que suponga un proceso de captura estatal, es decir, el Estado pierde la capacidad de tomar decisiones autónomas que busquen el bien común y es abiertamente cooptado ya sea por intereses económicos, por bandas criminales (especialmente en el Estado a nivel de entidad federativa o municipio) o por la clase política misma para obtener ventajas personales5.
Durante los últimos dos años, hay evidencia creciente de colusión por parte de funcionarios municipales y estatales en crímenes de lesa humanidad perpetrados por miembros del crimen organizado en varias partes de México6. Esta evidencia emergente genera la necesidad de un análisis más profundo de los vínculos entre las autoridades y el crimen organizado en México y, en particular, de los vínculos entre la corrupción y la responsabilidad de los funcionarios públicos por los crímenes de lesa humanidad.
Las continuas debilidades en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo internacionalizado que pueda investigar de forma competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel participaron en los incidentes narrados en este informe, así como en casos de la misma naturaleza ocurridos en otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México tiene el deber de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar a los responsables de estos crímenes.
