Ciudad de México, a 28 de marzo de 2023. La CMDPDH condenamos la negligencia criminal del INM que culminó en el asesinato de al menos 41 personas en la estancia provisional (centro de detención migratoria) de Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que un incendio se propagara dentro de las instalaciones de la estancia, mientras las personas se encontraban privadas de la libertad bajo candados.
El actuar de las autoridades migratorias de la estancia provisional de Ciudad Juárez resultó en la vulneración del derecho a la vida de las personas, constituye un acto criminal, ya que las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, en centros de detención operados por el INM en clara contravención de cualquier norma de derechos humanos.
Responsabilizamos al gobierno mexicano, específicamente al Instituto Nacional de Migración (INM) por la detención arbitraria, así como por el asesinato de las personas migrantes, debido a la falta de protocolos, medidas de seguridad y rutas de evacuación en casos de este tipo.
Lo sucedido ayer no es un hecho aislado, sino que deriva de causas estructurales que posibilitan una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes detenidas. La política migratoria mexicana prioriza la contención, detención y expulsión de las personas migrantes sin realizar estudios individualizados de su situación y sin contemplar los riesgos a su vida, seguridad e integridad personal al obligarlas a permanecer privadas de su libertad en centros de detención migratorios o devolverlas a su país de origen.
Las estaciones migratorias y estancias provisionales constituyen entornos torturantes, donde las personas se encuentran en hacinamiento, sin acceso a agua, a alimentos de calidad, a servicios de salud, a espacios de descanso y de higiene personal adecuados. La práctica sistemática de detención en este tipo de centros constituye una violacion a normas fundamentales de derecho internacional y, en consecuencia, podría alcanzar el umbral de crimen de lesa humanidad.
La incomunicación y falta de información sobre sus casos, así como la prolongación indefinida de la detención son medidas arbitrarias que tienen impactos físicos y psicológicos importantes en el bienestar de la población migrante y sus familias. Privarles de estos derechos permite que las autoridades migratorias actúen con completa discrecionalidad en su perjuicio e imposibilita la verdadera rendición de cuentas de parte del Estado mexicano. Estas medidas son un reflejo de una política migratoria que criminaliza y deshumaniza a las personas en movilidad.
Ante lo expuesto anteriormente:
- La práctica de detención de personas migrantes en las estaciones migratorias y las estancias provisionales viola la prohibición absoluta de la detención arbitraria (norma de ius cogens), por lo que debe establecerse un plan para terminarla por completo.
- Reprobamos enérgicamente la circulación de fotos de los cuerpos de las personas migrantes que fallecieron por responsabilidad del INM, lo cual constituye una vulneración de la privacidad y respeto de las familias de las víctimas.
- Exigimos a las autoridades migratorias adoptar garantías de no repetición en respeto a la dignidad y los derechos humanos de las población migrante
- Exigimos al Estado mexicano y al INM atender las necesidades de las víctimas y sus familiares, entablando contacto con las autoridades consulares correspondientes, y garantizando la reparación del daño.
- Demandamos que se investigue y sancione a los funcionarios responsables.
- Reprobamos las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales ignoran la naturaleza punitiva de las estaciones migratorias y estancias provisionales y revictimiza a la población migrante afectada por el siniestro en Ciudad Juárez.
- Exigimos que las autoridades migratorias implementen lo resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetando el plazo máximo de 36 horas de la detención migratoria.
Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y exigimos justicia.
#MigrarNoEsDelito
#NoEsAlbergueEsCárcel
Contacto de prensa
Eva Patricia Avilés Gómez
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