A la luz de la información contenida en la presente comunicación, las organizaciones firmantes consideramos que se verifica la existencia de una base razonable para creer que crímenes bajo la competencia de la CPI se han cometido en Chihuahua, México, entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010, principalmente crímenes de lesa humanidad en su modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas, en consonancia con el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y sus Elementos de los Crímenes (en adelante “EC”).
Chihuahua es un estado situado al norte de la República Mexicana, es fronterizo con los Estados Unidos de América. El estado tiene una extensión territorial de 247,455 km2 que lo hace el estado más extenso del país. Cuenta con 67 municipios y una población aproximada de 3,556,574 personas.
El ER entró en vigor en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”) el 1o de enero de 2006. La información que se presenta se refiere a crímenes cometidos en el periodo referido entre los años 2008 y 2010 en el territorio mexicano, particularmente en el estado fronterizo de Chihuahua. Por lo que estas conductas encuadran en la competencia temporal, material y territorial de la Corte.
La información contenida demuestra la existencia de una política nacional por medio de la cual la población civil fue atacada de forma sistemática, basada principalmente en el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, desde diciembre de 2006 por decisión de Felipe Calderón Hinojosa. A dicha política se le conoce comúnmente como la “guerra contra el narcotráfico” o “guerra contra las drogas”. Los ataques sistemáticos contra la población civil se justificaron con un llamado directo del “combate frontal al narcotráfico”. Estos ataques se tradujeron en la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que la promovieron, alentaron y cooperaron en su implementación, no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano. Por el contrario, funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas mexicanas (en adelante “FAM”), misma que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración.
