El 11 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Acuerdo según uno de sus transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. No obstante, en su primer artículo el Acuerdo establece su vigencia desde la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” publicado el 26 de marzo de 2019. Es decir, las tareas de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública se legalizaron, mediante el Acuerdo, de manera retroactiva a partir del 27 de marzo de 2019.
La estrategia de seguridad militarizada en el país, como es del conocimiento de esta Ilustre CIDH, ha dejado miles de víctimas en México. Este contexto incluso ha sido calificado por el Gobierno actual como una “tragedia humana y social de dimensiones incalculables.” Durante más de 13 años, la participación de militares en seguridad pública, ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de la libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas. Tan solo a nivel federal, la Fiscalía General de la República ha reportado haber iniciado 13,560 investigaciones penales por el delito de tortura entre 2006 y 2019. 1,609 corresponden a investigaciones en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 780 en contra de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Por otro lado, de un total de 221 casos de tortura que se encuentran documentados en 190 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y junio de 2019, se han identificado 736 víctimas de este crimen. El Ejército es la autoridad a la que se le han atribuido el mayor número de casos, tan solo en 97 recomendaciones que comprenden 102 casos, fue señalada como autoridad responsable en los que se documentaron actos de tortura en contra de 313 personas. Por su parte, en 48 casos, documentados en 36 recomendaciones, elementos adscritos a la SEMAR fueron señalados como responsables de cometer tortura. Sobre la Guardia Nacional, sabemos que desde su despliegue en junio de 2019 y hasta marzo de 2020, ha sido señalada como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos en 211 quejas presentadas a la CNDH. De esas quejas, 27 corresponden a actos de detención arbitraria, 17 a tortura o trato cruel y 2 están relacionadas con actos de desaparición forzada.
