En 2020, sigue siendo un gran desafío poner fin a las prácticas de tortura y malos tratos, a menudo generalizadas y sistemáticas. Casi todos los países han promulgado leyes contra la tortura y han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Al mismo tiempo, el uso de la tortura ha sido documentado durante los últimos cinco años en al menos 141 países, tres cuartas partes de los países del mundo.
Romper el ciclo de impunidad de la tortura depende de una investigación y documentación eficaces. Las evaluaciones médicas y psicológicas cuidadosas pueden proporcionar pruebas forenses poderosas para corroborar las denuncias de tortura y malos tratos. El objetivo de estas evaluaciones es que médicas, médicos, psicólogas y psicólogos bien capacitados e independientes realicen entrevistas y exámenes exhaustivos, documenten todos los signos y secuelas de los abusos físicos y psicológicos y presenten una declaración jurada médico-legal que documente sus conclusiones. Estas declaraciones juradas, a su vez, deberían servir como prueba clave para enjuiciar a los autores de la tortura, ayudar a las víctimas a obtener reparación en los tribunales civiles y aportar pruebas para poner fin al uso de la tortura.
Sin embargo, para lograr estos objetivos, estos exámenes deben ajustarse a ciertas normas. Con este fin, la elaboración y aceptación en 1999 del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul por las Naciones Unidas como norma reconocida, representó un hito importante en los esfuerzos por eliminar la tortura. Este documento oficial esboza las normas jurídicas internacionales y delinea directrices específicas sobre la forma de realizar adecuadamente las investigaciones jurídicas y médicas de las denuncias de tortura y malos tratos.
En los últimos veinte años se han registrado muchos éxitos en el uso efectivo del Protocolo de Estambul como parte de los esfuerzos para eliminar el uso de la tortura. Se ha utilizado para capacitar a profesionales de la salud, abogados, jueces y activistas de derechos humanos en la investigación y documentación jurídica y clínica eficaces de la tortura y otras formas de malos tratos. Organizaciones como Médicos en Pro de los Derechos Humanos (PHR), el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT), el Programa de sensibilización y formación de la Unión Europea sobre el Protocolo de Estambul (ARTIP de la UE), y otras han trabajado con socios nacionales y locales para aplicar el PE en paísescomo Sri Lanka, Kirguistán, Tayikistán y Kazajstán.
Sin embargo, como los autores de este informe, Encubriendo la Tortura:Uso del Protocolo de Estambul por profesionales forenses de la Procuraduria / Fiscalía General de la República en México, documentan de modo meticuloso, sin voluntad política y sin salvaguardas estructurales efectivas, como cualquier herramienta el Protocolo de Estambul puede ser subvertido para servir a los fines de los torturadores.
Como escriben los autores, “lejos de ser herramientas para el acceso a la justicia, se han convertido en una herramienta para ocultar casos de maltrato o tortura”. Y México ha proporcionado un estudio de caso país desgarrador desde principios del decenio de 2000 en las múltiples formas en que los profesionales forenses empleados por la PGR, ahora FGR, han incumplido grotescamente las normas de practica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del Gobierno.
Fue un recordatorio doloroso leer el relato en este informe de nuestros primeros esfuerzos con el equipo de Médicos por los Derechos Humanos (PHR) para trabajar con los forenses y otros funcionarios de la PGR intentando proporcionar formación y ayudar en la aplicación efectiva de los PE en México. Como los autores señalan, México fue uno de los primeros países en adoptar formalmente el PE como base para la investigación y documentación de la tortura y en 2001 PHR firmó un acuerdo de colaboración con la PGR. Aquellos primeros años estuvieron llenos de grandes promesas, con la PGR permitiéndonos encuestar sistemáticamente a sus médicos forenses sobre su percepción de las insuficiencias en la documentación actualde la tortura y los recursos y medidas necesarias para abordarlas.
