- Comunicado de prensa
- Al interior d
el Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil de «El Llano» en el municipio de El Llano, Aguascalientes, los reclusos son víctimas de tortura a partir de marzo del presente año, fecha en la que tomó la dirección María del Socorro Gaspar Rivera. De acuerdo al testimonio de Manuel Tiberio Bravo de nacionalidad colombiana recluso en el Cereso, fue torturado por la propia directora Gaspar Rivera y por el oficial Jesús Blandón. - Directora del Cereso «El Llano» en Aguascalientes practica la tortura de manera cotidiana en el penal
- Grupo de internos envían escrito de queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
En una práctica que se ha vuelto habitual en el penal, de acuerdo a un escrito de denuncia entregado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, la directora enfundada en un disfraz negro y con pasamontañas, con un aparato que emite descargas eléctricas, acompañada de algunos custodios recorre las celdas de los internos entre las 3:00 y 5:00 am y elige a algunos al azar para torturarlos.
El 21 de julio Tiberio Bravo de nacionalidad colombiana, fue golpeado fuertemente en diferentes partes del cuerpo, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con la finalidad de asfixiarlo, sufrió quemaduras en los testículos ocasionadas por descargas eléctricas, posteriormente fue privado de alimentación y aislado y por último lo amenazaron diciéndole que perdería la vida si se atrevía a denunciar.
Por su parte, Jaime Roma Saavedra Vélez y Jhon Alexander Rodríguez de nacionalidad colombiana y compañeros de Manuel Tiberio, han sido testigos y a su vez víctimas de instigación en razón de su nacionalidad, por lo que han denunciado estos actos, y de igual manera han sido amenazados y hostigados continuamente.
De acuerdo a un escrito de queja presentado por un grupo de internos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, la directora Gaspar Rivera hizo una serie de modificaciones al interior del penal soslayando las normas mínimas de tratamiento a personas en reclusión de acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas que deben ser acatadas a nivel federal.
Los reclusos son sometidos a tortura psicológica y física. La directora del penal Gaspar Rivera suspendió el derecho de los internos a hacer llamadas telefónicas, prohibió el ingreso de abogados defensores particulares bajo el argumento de que «personas sentenciadas ya no requieren defensa jurídica».
También se limitaron las visitas familiares; se modificaron los horarios de visita conyugal; se redujo la cantidad y la calidad de los alimentos y se restringió el uso de utensilios como vasos, platos y cubiertos. Asimismo se eliminaron las áreas verdes al interior del penal; se cancelaron las clases de idiomas y se redujeron las mesas y sillas para el área de visitas familiares.
