33º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Intervención en el Diálogo interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
Septiembre de 2016
Sr. Presidente,
Compartimos con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas su preocupación por el hecho de que el número de desapariciones forzadas siga aumentando en todo el mundo.
En México, existe evidencia suficiente para afirmar que las fuerzas de seguridad, no solo durante la guerra sucia en la década de los setenta sino en la actualidad, han aplicado una política de uso indiscriminado de la fuerza incluidos el asesinato, la tortura y la desaparición forzada contra la población civil, como parte de una política del Estado para preservar la seguridad interior, nacional y pública.
Nadie sabe del número preciso de personas que han sido desaparecidas. A partir de diciembre de 2006, fechan en que dio inicio la actual política de combate al narcotráfico, la cifra que ofrece el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto asciende a los 28,000; sin embargo, el registro es impreciso al no distinguir entre los autores de la desaparición, ni las circunstancias de la misma. Existen sólidas razones para creer que el verdadero número es significativamente mayor, principalmente porque el Registro se integra por denuncias penales, en un país en el que las víctimas no denuncian por no confiar en las instituciones y por las represalias que pueden recibir tanto de agentes del Estado como de organizaciones criminales. La impunidad casi llega al 100%.
La crisis de las desapariciones de México se refleja en el hecho que son las familias quienes han tenido que tomar en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos. Cientos de fosas clandestinas y un número incuantificable de restos humanos han sido encontrados por las brigadas de familiares. Pese a ello, el Gobierno Federal no ha querido instrumentar un programa o un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Señor Presidente
Para que México quiera y pueda hacer que las instituciones cumplan con sus tareas constitucionales se requiere de la cooperación y asistencia internacional, por lo que hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que inste a los líderes políticos del país a que urgentemente instalen un mecanismo y programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, a la vez que instale una comisión internacional para combatir la impunidad similar a la de Guatemala.
Gracias Sr. Presidente